En las páginas de La Industria aparecieron hace dos días noticias acerca de las condenas que se impuso a violadores y agresores de mujeres en Trujillo y otras localidades de La Libertad. La plaga del feminicidio ha golpeado con fuerza al Perú en el primer mes del 2020 y nuestra región no es la excepción. El país ha alcanzado el número más alto de feminicidios y tentativas de feminicidios de la década, en su mayoría cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. 

Así lo afirmó ayer la representante de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Daniela Viteri Custodio, ante el grupo de trabajo que analiza el Decreto de Urgencia 023-2020. Lo interesante es que la funcionaria manifestó la necesidad de que se adopten “medidas preventivas” contra ese flagelo social, para que se proporcione información a las mujeres y que conozcan los antecedentes de la persona con quien mantienen una relación sentimental. 

Sin embargo, esta solución es candorosamente inútil. Al igual que la estrategia de vestir con mandiles rosados a militares y representantes de diversos colectivos. ¿Alguien puede creer que una mujer que va a ser agredida en algún momento por su pareja busca antecedentes del hombre que la golpeará? Es un absurdo mayúsculo. Nadie ingresa a internet y googlea para ver si el sujeto es un golpeador o un adúltero. Además, no siempre la información que aparece sobre una persona si tiene antecedentes negativos. A menos que sea una mujer tan racional que lleve a la pareja a un especialista para que lo evalúe y haga un perfil psicológico de él.

Siete de cada 10 mujeres en el país son víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero, y las estadísticas van en aumento: en el año el 2017, 121mujeresfueronvíctimasde feminicidio; en el 2018, 149; y en el 2019 fueron 166. En lo que va del año ya hay 66 feminicidios, y el índice tiende a crecer. La congresista Luz Salgado sostuvo que se deben adoptar “medidas más realistas”, pero no indica cuáles. Igualmente, la legisladora Milagros Salazar tampoco lo sabe. Nosotros se lo decimos: trabajo comunitario permanente y visible; cárcel preventiva antes de que el violento mate a su pareja; pérdida de derechos sociales; revocatorias inmediatas de licencias, si las tuviere, y separación del trabajo, más aún si este es público y/o del Estado. Actuemos con practicidad y no sigamos lamentándonos sobre la leche derramada.