En reunión con representantes de la ONG HIAS en Perú (Sociedad Hebrea de Ayuda al Migrante) y el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, se adelantó la posibilidad de establecer un convenio para articular un plan de acciones a favor de la población inmigrante y refugiada.

César Alva, coordinador territorial de HIAS, precisó que esta es una organización no gubernamental que trabaja con población migrante y refugiada ayudando en su inserción, tanto en el tema de medios de vida, protección social y protección legal.

Hemos venido a presentarle la problemática de la situación de los niños, niñas, refugiados, migrantes y de la comunidad de acogida, y en el marco de los servicios con los cuales nosotros contamos encontrar puntos de acuerdo con la municipalidad para generar un convenio que permita articular tareas a favor de la población, dijo.

Según explicó, ofrecen servicios de protección a la niñez, de mitigación y respuesta a la violencia basados en género, salud mental, apoyo psicosocial y trabajan en temas de empleabilidad y emprendimiento para la inclusión económica.

Se estima que hay entre 80 mil y 100 mil personas refugiadas y migrantes residiendo en la región La Libertad, de la que el 85% vive en la provincia de Trujillo y el 30% de la población total es población menor de 17 años.

Esta articulación busca garantizar la protección de los niños, que puedan tener los cuidados parentales debidos, que puedan acceder a derechos básicos como salud y educación, y que tengan una tutela formal ya que hay niños, niñas que no viven con los padres, están con los tíos, las tías y las abuelitas.

HIAS proporciona servicios a refugiados e inmigrantes y promueve la integración de los desplazados en las comunidades de acogida garantizando su seguridad y libertad, proporcionando. Según las estadísticas que manejan, el Perú alberga a más de 1 millón de refugiados y emigrantes de Venezuela, lo que representa casi el 20% de la población que abandonó ese país desde el año 2018.

En nuestro país muchos venezolanos se encuentran en situación irregular, lo que se traduce en acceso limitado a servicios esenciales como salud o educación y restringe su inserción laboral formal, lo que los vuelve vulnerables, principalmente a los menores de edad y personas de la tercera edad ; y en el caso de las mujeres se trata de personas, explotación y abuso sexual.