La Fiscalía de Perú advirtió este domingo que el proceso de extinción de dominio contra los bienes patrimoniales del sentenciado expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su familia, que busca entregar la titularidad al Estado peruano, corre el peligro de ser archivado, si el Congreso aprueba una modificación a esa norma.

El Ministerio Público precisó que se trata de los inmuebles ubicados en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y las unidades inmobiliarias de la Torre Omega, que fueron adquiridos por 5.126.716 dólares, así como la suma 42.237 dólares de la cuenta de Eva Rose Fernenbug, suegra de Toledo. Los bienes estarían vinculados a las actividades ilícitas contra la administración pública y lavado de activos, al presuntamente haber sido adquiridos con dinero maculado producto de los pagos ilícitos de la empresa Odebrecht a favor de Toledo, como parte del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil, Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA Sur).

La Fiscalía explicó que el proceso de extinción de dominio correría peligro de ser archivado, si se aprueba en el Congreso, en segunda votación, el texto sustitutorio que busca modificar la ley de extinción de dominio, dado que la modificatoria exige para la continuación del trámite que se debe contar previamente con una sentencia condenatoria penal firme y consentida.

Agregó que la esposa de Toledo, Eliane Karp, se presentó, a través de su defensa, en el proceso de extinción de dominio, en noviembre pasado, ante el Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio de Lima, quien le otorgó el plazo legal de 30 días hábiles a fin de que conteste la demanda.

Precisamente, el gobierno peruano anunció esta semana que aprobó solicitar a Israel la extradición de Karp, quien es procesada por la presunta comisión del delito de lavado de activos y reside en este país desde la extradición de su esposo a Perú en 2023.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, explicó que Perú no tiene un tratado de extradición con Israel, pero dijo que están empleando un argumento "relacionado en particular con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", que ambos países han suscrito.

La Corte Suprema de Perú declaró el pasado 9 de agosto procedente la solicitud de extradición de Karp, quien está denunciada junto a su esposo, de 79 años, en el denominado caso Ecoteva, abierto en 2013 por una millonaria compra de inmuebles a nombre de su madre, Eva Fernenburg, mediante una empresa creada en Costa Rica.

Toledo, por su parte, se declaró el pasado 29 de noviembre "contundentemente inocente" en el juicio oral que se ha abierto por el caso Ecoteva.

El exgobernante, líder del desaparecido partido Perú Posible, fue condenado en octubre por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, por haber facilitado a Odebrecht la concesión de dos tramos de la Carretera Interoceánica Sur a cambio de un soborno de 35 millones de dólares.

Ese monto fue depositado en cuentas bancarias de empresas de un fallecido amigo de Toledo, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, según denunció la Fiscalía y sentenció el Poder Judicial peruano.EFE