El abogado Martín Ordinola Vieyra alzó la voz ante lo que considera una amenaza latente para la lucha contra el crimen organizado en el Perú: las leyes exprés promovidas por el Congreso que podrían favorecer estas estructuras delictivas. A través de un análisis profundo y fundamentado en nuestra Constitución, Ordinola planteó soluciones concretas basadas en la movilización ciudadana y los mecanismos legales de control.

Ordinola sostuvo que la Constitución Política del Perú establece que "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Este principio fundamental, señaló, no solo es un ideal ético, sino que tiene una función ideológica dentro del marco constitucional.

“Es decir, todo el aparato estatal y social debe orientarse a garantizar esta dignidad, lo que incluye combatir el crimen organizado que atenta directamente contra ella; sin embargo, vemos que el crimen organizado ya ha penetrado en el Congreso con leyes claramente favorables a su accionar”, remarcó.

El abogado fue enfático al subrayar que la lucha contra el crimen organizado no es exclusiva del Estado. Aunque es esencial contar con leyes firmes y autoridades efectivas, Ordinola señaló que la movilización ciudadana es un factor crucial para garantizar que estas normas se apliquen con rigor. Esto incluye exigir públicamente a los poderes del Estado que asuman su responsabilidad en la lucha contra el crimen.

“La criminalidad organizada no solo actúa desde la violencia y el mercado ilícito, sino que ha infiltrado la política, la economía y la sociedad. Por ello, la presión ciudadana para exigir respeto por nuestras normas constitucionales es indispensable”, expresó.

Ordinola destacó que la Constitución brinda herramientas para combatir leyes que puedan favorecer el crimen organizado. En particular, mencionó la acción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 203 de la Carta Magna. Este recurso puede ser interpuesto por actores clave como el Defensor del Pueblo, los presidentes regionales (con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional), los alcaldes provinciales (con acuerdo de su concejo) y los colegios profesionales.

“Estos mecanismos legales permiten a la ciudadanía, a través de sus representantes, cuestionar normativas que puedan ser contrarias a los principios constitucionales, especialmente aquellas que favorecen intereses oscuros sobre el bien común”, explicó.

Otra herramienta poderosa destacada por el abogado es el referéndum, que Ordinola describió como una "expresión decisoria y autónoma de la voluntad popular". En este contexto, recordó que la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, permite que los ciudadanos puedan proponer, modificar o desaprobar leyes. Para ello, se requiere la firma de al menos el 10% del electorado nacional.

“El referéndum no es solo una herramienta legal; es una manifestación del poder ciudadano. Si el Congreso aprueba leyes que favorecen al crimen organizado, es nuestro derecho y deber organizarnos para deslegitimarlas a través de este mecanismo”, añadió.

Finalmente, Ordinola hizo un llamado a la ciudadanía para priorizar el bien común sobre los intereses particulares. "Es fundamental que las organizaciones de base se movilicen y hagan sentir su presencia. Solo así podemos enfrentar la amenaza que representa el crimen organizado en todas sus formas", concluyó.