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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 14/11/2024 - 08:21 AM

Ordenan internamiento preventivo para menor por porte ilegal de arma de fuego


El adolescente de 17 años fue detenido en Pataz durante un operativo policial.

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, a través del fiscal adjunto provincial Lamer Leonel Altamirano Llovera, logró que el Juzgado Mixto de Parcoy – Pataz dicte una medida de internamiento preventivo por cuatro meses contra el menor de edad de iniciales J. M. A. M. (17), quien es investigado por la infracción penal de porte ilegal de arma de fuego y municiones. El hecho ocurrió en el distrito de Pataz, en la región La Libertad, el 11 de noviembre de 2024, cuando el menor fue detenido durante un operativo policial.

Según la investigación fiscal, el 11 de noviembre, aproximadamente a las 08:50 horas, personal de la Policía Nacional del Perú, al realizar un control de identidad en la calle San Pedro, cerca del Centro Educativo N° 80459, intervino a tres personas que mostraron una actitud nerviosa al ver la presencia de la policía. Durante la intervención, se descubrió que el menor J. M. A. M. portaba una pistola marca Girsan 9x19 con la serie limada, junto con una cacerina abastecida con 15 cartuchos, así como otro cartucho adicional en su bolsillo. La intervención fue realizada por efectivos de la DIROPESP PNP, en el marco de un operativo de patrullaje motorizado por el Estado de Emergencia en Pataz.

Ante la evidencia recabada, el fiscal Altamirano Llovera solicitó la medida de internamiento preventivo del menor por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, en agravio del Estado. La solicitud fue presentada en la audiencia correspondiente, donde se consideraron los graves elementos de convicción obtenidos durante la intervención policial. El Juzgado dictó la medida de internamiento preventivo por un plazo de cuatro meses, resolviendo que el menor debía ser trasladado al Centro Juvenil Trujillo (Ex Floresta).

El delito de porte ilegal de arma de fuego es una infracción grave que pone en riesgo la seguridad pública, por lo que la Fiscalía continúa con la investigación del caso, con el fin de asegurar que el menor sea sometido al proceso judicial correspondiente y se garantice la protección de la ciudadanía.


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