Tras el impacto que han dejado los incendios forestales en Perú, la Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso a debatir proyectos legislativos que incluyen dejar sin efecto la polémica ley forestal que organizaciones como Naciones Unidas señalaron como perjudicial para la Amazonía y comunidades indígenas.

El último reporte de Defensa Civil detalló que se han registrado oficialmente 268 incendios forestales, de los cuales 198 han sido extinguidos y 24 controlados por las labores de extinción, y que desde el 1 de julio han registrado 18 muertes, más de un centenar de heridos y miles de hectáreas devastadas.

"La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la labor de supervisión desarrollada en los últimos días que concluye con el pedido al Congreso de la República para que debata, en el más breve plazo, los proyectos de ley en los que se recomienda dejar sin efecto la Ley 31973, Ley que modifica la ley forestal y de fauna silvestre", indicó la institución la tarde del viernes.

La Defensoría "advierte con preocupación que la Ley 31973 exime a los propietarios de terrenos privados con títulos o constancias de posesión anteriores a esta ley, de realizar estudios de suelo y solicitar autorización precisamente para cambiar el uso del suelo.

“En consecuencia, al exonerar a los agricultores de realizar estudios de suelo y de contar con la autorización para que puedan proceder con el cambio de uso de suelo, se debilita la capacidad del Estado para evitar la deforestación y proteger los ecosistemas forestales", señaló.

Asimismo, "se valida la deforestación existente y se facilitan nuevos procesos de conversión de bosques en tierras agrícolas, fomentando prácticas ilegales y destructivas para el medio ambiente como la quema de bosques y pastizales para ampliar la frontera agrícola".

Por tanto, el informe exhorta al Legislativo a debatir el dictamen recaído en los proyectos de ley 6788, 6812, 6890 y 6958/2023-CR, ya aprobados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Tras la aprobación en el Legislativo de esta modificación a inicios de año, organizaciones ambientales señalaron que esta podría favorecer la deforestación, y el relator de la ONU sobre los derechos de los indígenas, Francisco Calí Tzay, advirtió que esta podría legalizar e incentivar el despojo de tierras de los pueblos indígenas y amenazar su supervivencia.

Por otro lado, la Defensoría alertó de que el presupuesto inicial asignado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para la atención de emergencias por desastres fue posteriormente reducido a menos de la mitad.

"Se precisa que esta disminución sustancial del presupuesto requerido para ejecutar acciones de prevención incide directamente en la falta de información que manejan los agricultores y pobladores rurales, quienes precisamente continúan realizando prácticas de quema para habilitar sus chacras de cultivo, con el consiguiente riesgo de provocar incendios", expuso.

Por último, concluyó que el Estado "carece de liderazgo y requiere de una estrategia nacional para prevenir y controlar los incendios forestales".

Y reiteró el pedido al Ministerio del Ambiente para que declare el Estado de Emergencia Ambiental para una remediación integral de las áreas afectadas.EFE