El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha decidido no restablecer la vigencia de la credencial de Arturo Fernández, alcalde suspendido de la provincia de Trujillo. La resolución 0197-2024, emitida por el pleno del JNE, oficializa esta decisión.

El documento, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, señala que existe una sentencia en segunda instancia contra Fernández. Esta sentencia se ha considerado determinante para la resolución adoptada por el JNE.

El JNE argumenta que la rehabilitación de Fernández tras cumplir la pena "no tiene repercusión en otros ámbitos normativos como el electoral". Esta afirmación es clave para la suspensión de su credencial.

Asimismo, el tribunal electoral explica que el cumplimiento de la pena no extingue la causa de suspensión. El argumento de Fernández, basado en el cumplimiento de la pena, fue rechazado por el JNE.

El JNE señala que considerar el cumplimiento de la pena podría permitir que autoridades condenadas dilaten u obstaculicen procedimientos. Este riesgo debe evitarse para mantener la integridad del proceso electoral.

Por estas razones, el JNE ha determinado que la solicitud de restablecimiento de vigencia de credencial carece de fundamento. La resolución concluye que la petición de Fernández debe ser desestimada.

En enero, el Sistema Electoral dejó sin efecto la credencial de Fernández y convocó a Mario Reyna como alcalde interino de Trujillo. Reyna asumió el cargo mientras se resuelve la situación jurídica de Fernández.

Arturo Fernández fue condenado a un año de pena privativa de libertad por difamación agravada. Esta sentencia fue crucial para la suspensión de su credencial como alcalde provincial.

Desde enero, Mario Reyna ha estado desempeñando las funciones de alcalde. La situación jurídica de Fernández aún está en proceso de resolución, con implicaciones significativas para su futuro político.

La decisión del JNE subraya la importancia de mantener la integridad del sistema electoral peruano. Las autoridades condenadas por delitos dolosos no deben interferir con los procedimientos legales y administrativos.