Los mineros ilegales que operaban en los caseríos de Shiracmaca y Coigobamba (Huamachuco) empezaron a tomar represalias luego de que efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y la Dirección de Medio Ambiente destruyeron sus socavones en el cerro Cachito y el bosque Polo, en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión.  

Las autoridades vecinales del caserío de Shiracmaca denunciaron que este grupo de sujetos presuntamente vinculados a estos campamentos mineros, donde se manejaba cianuro, dinamita y se explotaba laboralmente, han bloqueado una de las vías de acceso público a la comunidad y a la empresa minera formal, delito que actualmente amerita hasta 15 años de cárcel.

Según contaron que el coordinador de las Juntas Vecinales cortó un árbol con la ayuda de otros sujetos y bloqueó la vía con el argumento de una supuesta lucha social por el agua. Una ironía al considerar que los mineros ilegales de Huamachuco echan sus relaves a los canales de regadío sin que nadie los controle.

El agente municipal de Shiracmaca, Oswaldo Alva Polo, declaró que le sorprendía que después de la incursión de la DINOES a las labores mineras ilegales de la zona venga este grupo de los hermanos Carranza a hacer problemas supuestamente por el agua.

“Nuestra obligación como autoridades con el tema del agua es informar la Red de Salud, Subprefectura y alcaldía. Todo esto, quizás, sea porque están molestos luego que la Dinoes perjudicó su negocio, les tumbaron sus centros de trabajo”, indicó.

En ese sentido, las autoridades vecinales de Shiracmaca no avalaron el bloqueo y luego de una masiva reunión se decidió habilitar el acceso. Sin embargo, los hermanos Carranza Otiniano decidieron nuevamente prender llantas y colocar rocas para insistir con el cierre de la vía generando un clima de tensión en la comunidad. Por esa razón se pidió la intervención de la subprefecta de Huamachuco Fanny Horna, quien llegó al lugar para evitar enfrentamientos entre los pobladores.

“Acudimos al llamado de los residentes y fue en ese momento que el señor Esteban Carranza Otiniano dijo que él había cerrado la vía. Y su hermano Gilberto Carranza Otiniano nos agredió verbalmente. Ambos están provocando a la población para generar conflicto. Cerrar vías públicas es un delito con pena de cárcel”, sostuvo.

Los revoltosos también alegaron que niños de Shiracmaca registran plomo en la sangre por consumo de agua contaminada. Además, acusaron a la empresa Summa Gold Corporation de ser la responsable de la interdicción realizada hace dos semanas, de esconder muertes en su operación y de no apoyar a los caseríos durante los últimos años.

Ante estas acusaciones, funcionarios de la empresa minera dijeron que pusieron maquinaria pesada a disposición de la Policía Nacional. “Summa Gold Corporation apoyó la acción de interdicción por solicitud de los mandos policiales. También hemos apoyado la solicitud de los caseríos cuando han necesitado maquinaria pesada. Toda empresa formal está en la obligación de apoyar a las fuerzas del orden. Por otro lado, Shiracmaca es uno de los caseríos que ha recibido beneficios a través de obras de infraestructura gracias a la gestión de sus autoridades. Sobre las muertes mencionadas, el señor Carranza Otiniano tendrá que sustentarlo ante quien corresponda”, refirió uno de los representantes de la compañía.

Sobre el tema del agua, la subprefecta añadió que los informes y análisis firmados por los doctores Miguel Casanova Velarde y Andy Sagástegui en los años 2023 y 2024, respectivamente, señalan que todo está dentro de los parámetros permitidos. Estos documentos están en manos de quienes dirigen la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). “Por todo lo anterior, y de seguir el bloqueo, se informará a fiscalía y Policía Nacional”, puntualizó.