Trujillo. Con el rostro desencajado y sintiéndose limitado en sus funciones, el jefe de la Tercera Dirección Territorial Policial (Dirtepol), coronel Róger David Torres Mendoza, reveló ayer que la Odecma pidió la suspensión temporal de uno de los dos jueces que reincorporó a 63 agentes policiales cambiados de Trujillo a otras ciudades por estar inmersos en presuntos actos de indisciplina, solicitud realizada el 30 de marzo último tras una investigación hecha por la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

En diálogo con La Industria, el alto oficial contó que el 30 de marzo de 2012 la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Ocma) pidió la suspensión temporal del juez del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, Javier Lara Ortíz, quien el 2009 concedió una medida cautelar a favor del teniente PNP Walter Víctor Lucich Rivera, para, luego, ordenar al ente policial otorgar su ascenso a los grados inmediatos superiores de capitán y mayor.

“Soy respetuoso de las disposiciones judiciales, pero tuvimos que seguir un proceso administrativo y la Procuraduría pidió la sanción del magistrado, a través de la Odecma. Es así que esta última entidad decidió suspenderlo en sus funciones. Sin embargo, lo cuestionable del asunto es que hasta el momento la orden del organismo de control no se ejecuta”, indicó en tono enfático.

Asimismo, dijo que el lunes pasado su despacho remitió el oficio 061, dirigido al presidente de la Corte Superior de Justicia, Walter Cotrina Miñano, informándole que el juez Javier Lara Ortiz junto a su secretario, David Genaro Rojas Castillo, y al abogado Manuel Ganoza Torres fueron los responsables de expedir cerca de 30 resoluciones y medidas cautelares ordenando reincorporar a efectivos del orden dados de baja e investigados por aparentes actos de corrupción.

“El doctor Cotrina está muy preocupado por este caso, pues esta situación afecta la disciplina. En caso de hallar irregularidades, la decisión (de separarlo) está en su cancha. Además, me contó que el último sábado, en Casa Grande, llegó el juez de Ascope a la comisaría del sector y, con resolución judicial en mano, ordenó restituir a un suboficial. Para colmo, denunció al comisario”, señaló fastidiado.

Sospechosos comunes
De igual manera, el coronel Torres confirmó a este diario que el otro magistrado seriamente cuestionado por reincorporar a sus funciones a policías dados de baja e investigados por cometer supuestos actos ilícitos, Carlos Montenegro León (juez de Virú), fue destituido hace dos meses por expedir 32 resoluciones criticables en beneficio de agentes del orden envueltos en procesos disciplinarios.

“Siento que ya perdí autoridad porque, si quiero, puedo disponer el cambio interno de 2 mil 400 policías, menos de los reincorporados. Eso afecta la imagen de la Policía y de la ciudadanía”, manifestó con gran incomodidad.

Carlos Flores Balarezo | Redacción La Industria