El polémico alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, evitó participar por cuarta vez en una audiencia judicial programada para ayer. Este juicio corresponde a una segunda denuncia por difamación, delito que el funcionario edil habría cometido contra el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.

Pese a que la reunión se iba a desarrollar de manera virtual en horas de la mañana, Fernández Bazán alegó encontrarse delicado de salud. Asimismo, se supo que ahora cuenta con otro representante legal. Por tales razones, el juez Daniel Sánchez determinó que se reprograme la audiencia para el 13 de diciembre.

“Ha presentado nuevo abogado, ya viene como cuatro abogados cambiando, y también ha justificado la reprogramación con un certificado de incapacidad expedido por un médico del hospital Albrecht”, indicó el abogado de Ricardo Morales.

En relación a ello, La Industria tuvo acceso al certificado de incapacidad temporal. Raramente, este fue entregado en tan solo cinco minutos por parte del Hospital Albrecht, en la especialidad de Otorrinolaringología

Inicio de la novela

El caso protagonizado por Arturo Fernández viene desde el año 2019, época en la que se encontraba ocupando el sillón municipal en el distrito de Moche. En ese entonces, el controversial alcalde acusó a Ricardo Morales de organizar ventas nocturnas de los huacos del sitio arqueológico del que se encontraba a cargo.

La parte afectada afirmó que no dejará pasar por alto lo ya hecho por la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a pesar de haber tenido un vínculo amical con su progenitor. Todo indica que el juicio seguirá en marcha, hasta que el Poder Judicial dé una respuesta.

“No lo perdonaría, en absoluto. Hablé con él antes que sea alcalde. Fui muy amigo de su padre Valentín, cuando trabajaba en el colegio Salaverry. A mí no me pueden contar cuentos, he trabajado con ellos, con mucho cariño”, acotó.

No se salva de la prisión

Al respecto, el experto en asunto jurídicos, Greco Quiroz, señaló que el cuestionado alcalde podría ir cuatro años y medio a prisión, por volver a cometer el mismo acto doloso. Como se sabe, Fernández ya cuenta con una sentencia de difamación en segunda instancia, por haber difamado a una agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“La reincidencia, dice el artículo 46-B, constituye una circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal (…) En aplicación del artículo 46-B, sería la mitad del máximo legal, es decir, tendría que aplicarse una pena de cuatro años y medio y, además, no podría aplicarse el beneficio de la suspensión de la pena. Tendría que aplicarse una pena efectiva”, explicó el especialista.

Cuestionan sus actos

Algunos concejales de la MPT sostuvieron que alcalde de Trujillo pretende extender más el proceso, con la intención de no ser castigado duramente por la justicia.

“Yo les preguntaría a los jueces, sabemos de las artimañas y cómo dilata para evadir su responsabilidad y de la justicia. El arqueólogo (Ricardo Morales) viene pidiendo hace años justicia, me imagino que debe estar decepcionado frente a esta situación”, manifestó el regidor Andrés Sánchez.

Por su parte, el regidor Jorge Vásquez mantuvo la misma postura que su colega del Concejo Municipal. Además, lamentó que todavía no haya una respuesta certera por parte del Poder Judicial, debido a las justificaciones que presenta Fernández Bazán, como en el caso de esta última audiencia.

“Lamentable para las leyes peruanas, que saben que él retrasa el juicio, pero no pueden hacer nada. De acá va a cambiar de abogado nuevamente, le va a doler las uñas, el pelo, así seguiremos, aseveró.

Quedan dudas.

Greco Quiroz señaló que el alcalde Arturo Fernández estaría incurriendo en otro delito, en caso la constancia de su estado de salud que presentó en la audiencia no sea verdadera. Este hecho también involucraría al especialista que le otorgó el certificado. “Si además ese certificado se ha hecho profesamente con la finalidad de evitar la instalación de la audiencia, estaríamos ante un delito que otorgó el certificado, de falsedad, al haber introducido un hecho falso en un documento como es el certificado médico”, sostuvo. De acuerdo a Quiroz, el sentenciado alcalde también estaría poniendo en peligro su título profesional, el cual lo avala como experto en la salud. “Incluso podría perder hasta su título profesional de médico, porque eso es una falta grave”, finalizó el letrado en temas legales.