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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 08/08/2019 - 09:08 AM

EDITORIAL: Un perjuicio incalculable


El congresista César Villanueva Arévalo pidió ser relevado de APP para no comprometer al partido durante las investigaciones por Odebrecht,

El congresista César Villanueva Arévalo ha pedido ser relevado de APP para no comprometer a ese partido mientras duren las investigaciones que dilucidarán si él es culpable de las acusaciones que le hizo Jorge Barata.

Por supuesto, Villanueva proclama su inocencia y promete que luchará por su honorabilidad. Entretanto, la Procuraduría AdHoc para el caso Odebrecht y la Procuraduría Anticorrupción se ven enfrentadas por la denuncia que le hizo esta a aquella, en la persona del procurador ad hoc Jorge Ramírez Ramírez, debido a la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Vayamos primero al caso de Villanueva. Antes de convertirse en el anterior titular del Consejo de Ministros del presidente Martín Vizcarra, el ex gobernador regional de San Martín utilizó su cargo de congresista para impulsarla salida de Pedro Pablo Kuczynski de la Presidencia. Se dice que, debido a convertirse en la punta de lanza de la estrategia para procurar la renuncia de PPK, negoció con Vizcarra en secreto, a fin de convertirse luego en su jefe del gabinete.

Villanueva negó en todos los idiomas que recibiría, por parte del hoy jefe de Estado, el premierato como premio por allanarle el camino a Palacio de Gobierno. Sin embargo, poco después, Vizcarra lo nombró en ese cargo. Villanueva siguió negando que él hubiera buscado ese propósito, y juró que sí aceptó fue por un compromiso con el país. El episodio nos dejó un mal sabor a todos los que combatimos las criolladas políticas.

Creímos en ese entonces, y lo seguimos haciendo, que Villanueva mintió. ¿Cómo creerle ahora que se encuentra embarrado, que no dio la cara a la prensa y que se defendió a través de un comunicado mal redactado y pusilánime? Imposible.

Por otro lado, la Procuraduría AdHoc considera que la denuncia contra Ramírez, por parte de la Procuraduría Anticorrupción, es “un acto más de obstaculización respecto a (sic) l acuerdo de colaboración eficaz, convenio que ha sido aprobado mediante una sentencia del Poder Judicial”. Resulta francamente bochornoso apreciar que ambas instituciones, que forman parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, se vean enfrentadas nuevamente. Sin embargo, la Procuraduría Ad Hoc no puede sacudirse de su responsabilidad al haber intervenido en la firma de un convenio cuya legalidad ha sido ratificada por el órgano jurisdiccional competente. De paso, ha trasladado esa responsabilidad al Ministerio Público, cuyos fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez han llega do al acuerdo de devolverle 524 millones de soles a Odebrecht.


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