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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 15/06/2019 - 09:48 AM

[EDITORIAL] Sin lugar para las presiones


La Odecma inició investigación a la jueza que otorgó la acción de amparo a Daniel Salaverry para evitar su suspensión

Luego de que la jueza Tatiana Pedemonte del Río, del Noveno Juzgado Civil de Trujillo, admitiera a trámite con inusitada celeridad la acción de amparo presentada por el congresista Daniel Salaverry para evitar que se le suspenda 120 días, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de La Libertad dispuso investigar a la magistrada para determinar si ella incurrió en inconducta funcional.

A su vez, la Odecma prestó atención a la queja formulada contra Pedemonte del Río presentada por tres ciudadanos (Enrique León Clement, Oswaldo Aniceto Aponte y la ex regidora victorlarquense María Soledad Reyna de Alcázar) por la celeridad con que admitió a trámite el recurso de Salaverry Villa.

Cabe señalar que, en el texto de la denuncia conjunta, León Clement acusa a la magistrada de incurrir en supuesto trato discriminatorio respecto de otros casos. Ex candidato a la alcaldía de Víctor Larco argumentó que cuando presentó una acción de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones, por presuntamente haber violado su derecho a elegir y ser elegido, Pedemonte del Río tardó cuatro meses en aceptar la demanda. Por el contrario, al titular del Congreso se le admitió el recurso de amparo en menos de una semana.

Las comparaciones entre ambos casos son, en efecto, totalmente válidas. No obstante, esta es una argumentación política que puede resultar difícil de probar. Nada impide que un juez admita eventualmente una demanda en menos de 72 horas. No constituye una falta hacerlo, es más, hasta debería ser considerada una virtud. Por eso, la inconducta funcional no parece tal.

Sin embargo, también llama la atención la extraña celeridad con que ha obrado la magistrada, sobre todo teniéndose en cuenta la carga procesal. El Perú en general y Trujillo en particular arrastran un nefasto historial de operadores de justicia que emiten resoluciones, sentencias, fallos y veredictos basados en intereses alejados de la verdadera administración de justicia. Ahora bien, la admisión de una demanda como la presentada por Salaverry tampoco es necesariamente un adelanto o anticipo de que el juzgado fallará favorablemente sobre aquella.

Creemos, también, que Salaverry ha usado legítima pero inapropiadamente los arrestos que el sistema judicial le otorga como ciudadano. Eso de acudir a un poder del Estado para defenderse del otro que él mismo preside, el Legislativo, es un acto que carece de coherencia. Ha caído muy mal en la opinión pública, que lo ve como intento de eludir sus responsabilidades.

Tampoco podemos dejar de apuntar que, tras las denuncias a Salaverry en la Comisión de Ética (donde se aprobó el informe que lo incrimina), se agazapa un grupo, Fuerza Popular, con ganas de vengarse de su ex militante a quien califica de “traidor” por abandonar su bancada de origen.

Conviene, por tanto, dejar que la Odecma haga su labor sin presiones de ningún tipo, y respetando las resoluciones que emanen de ella, cualesquiera que sean.



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