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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 11/01/2019 - 05:15 PM

[Opinión] Junta de fiscales, por Roberto Cabrera Suárez


El abogado indica que la arraigada corrupción no debe ser tolerada, por el contrario, debe ser erradicada de manera frontal ad portas al bicentenario.

Una enorme expectativa se ha desencadenado tras la declaratoria en emergencia del Ministerio Público por parte de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación interina. Ante una situación a todas luces caótica es preciso preguntarnos: ¿Esta declaratoria resulta ser favorable para garantizar la transparencia e independencia del Ministerio Público? ¿Esta iniciativa resulta ser una mejor alternativa frente al proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra ante el Congreso?  

Al respecto, considero que la problemática del Ministerio Público no se solucionará solamente brindando apoyo a las fiscalías especializadas y al equipo Especial “Lava Jato” tal y como lo ha anunciado la citada fiscal. Lamentablemente la situación no amerita solo una muestra de buenas intenciones, por lo que en esta difícil coyuntura institucional es pertinente optar por la iniciativa legislativa presentada por Vizcarra y que algunos fiscales ya han tildado de inconstitucional.

Precisamente, Tomás Gálvez Villegas – uno de los fiscales supremos que directamente sería removido de su cargo – señaló literalmente que de aprobarse dicho proyecto se violaría la autonomía del Ministerio Público, porque esto tiene que ser a través de una norma constitucional, sin embargo ¿Realmente se estaría atentando contra la constitución si se llega aprobar la iniciativa propuesta por el presidente Vizcarra?

Es preciso señalar que dicho proyecto de ley no atenta contra el contenido constitucional prescrito en el artículo 158° de nuestra Carta Política, pues del contenido se evidencia la intención de que se modifique la Ley Orgánica del Ministerio Público y no la constitución nacional.

Para ser más exactos se trata de añadir a la citada ley orgánica una disposición complementaria transitoria que perfeccione dicho dispositivo, precisamente para asegurar su funcionalidad con la novísima Junta Nacional de Justicia y hacer frente a los actos de corrupción que no solo involucran a Pedro Chávarry, sino que involucran a gran parte de los actuales fiscales supremos en distintos actos de corrupción desde ya hace varios años.

Por otro lado, es necesario recordar que el Ministerio Público actúa efectivamente con autonomía, pero con la finalidad de que las investigaciones a cargo de los fiscales no se obstaculicen con la participación de algún poder del Estado o de otra institución.

Pretender pervertir el real sentido de la autonomía del Ministerio Público, tal y como se ha evidenciado recientemente con el accionar de Pedro Chávarry, tras su fallido intento de entrometerse en las negociaciones de los acuerdos de colaboración con Odebrecht, que los fiscales Vela y Pérez han impulsado, no concuerda con la real naturaleza de la autonomía que la constitución otorga a dicho órgano constitucional.

Pero tampoco debemos olvidar que la actual fiscal de la Nación (i) Zoraida Ávalos, hace algunos años fue cuestionada por apoyar al destituido exfiscal Carlos Ramos Heredia (Personaje vinculado con Alberto Químper, con los Sánchez Paredes, y que habría desarrollado un papel clave en el caso “La Centralita”) y estar relacionada políticamente con Ollanta Humala y Nadine Heredia, ambos investigados por actos de corrupción. ¿Se puede garantizar así transparencia y objetividad?

En los actuales contextos, nos encontramos frente a la imperiosa necesidad de legislar a favor de iniciativas que permitan oxigenar las instituciones para evitar que nuestro país se encuentre indefenso ante sus peores criminales.

La arraigada corrupción aún vigente, no debe ser tolerada, por el contrario, debe ser erradicada de manera frontal ad portas al bicentenario.

Esperemos atentos y vigilemos el desarrollo del panorama político y jurídico, promoviendo que las iniciativas legislativas presentadas coadyuven a respaldar una autonomía acorde a los fines constitucionales – y por ende a la voluntad popular – de que el Ministerio Público lidere la defensa de la legalidad y la lucha contra la impunidad en el Perú.

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