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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 09/01/2019 - 10:59 AM

"Emergencia, una cuestión de confianza" por Jorge Clavijo


El periodista Jorge Clavijo analiza la coyuntura política tras la renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal de la Nación.

Escribe: Jorge Clavijo Correa


Las instituciones tutelares del Estado, en especial el Ministerio Público y el Poder Judicial, no gozan de prestigio. Muchos ciudadanos las perciben como instituciones corruptas, aunque, no es del todo cierto. Hay fiscales y jueces probos, en los últimos meses, representados por los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela (en el caso de la Fiscalía) y el juez Richard Concepción Carhuancho (Poder Judicial). Ellos, aunque a muchos políticos les saque ronchas, representan la última esperanza de los peruanos por acabar con la corrupción.

Pedro Chávarry, sin respaldo popular, institucional y ni político, renunció al cargo de fiscal de la nación, victimizándose, claro, para defender su alicaído honor. Sin más reputación que haber intentado obstruir la investigación fiscal por el caso Lava Jato.

Muchos creían que con la renuncia de Pedro Chávarry se espantaría el fantasma de la declaratoria de emergencia del Ministerio Público planteada por el Ejecutivo y al Legislativo, la misma que la mañana del último lunes fue rechazada por los fiscales de La Libertad, quienes argumentaron que lo hacían para defender la autonomía de su institución.

 Sin embargo, la manda más interina del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, sorprendió a todos en su primera conferencia de prensa al anunciar que accederá a la petición del Ejecutivo, de oficio y sin esperar el camino que establece la Constitución.

Zoraida Ávalos fue enfática al afirmar que lo hace por una cuestión de confianza. Y es que el aroma a impunidad, parcialidad y deficiencias en investigaciones fiscales empaña los esfuerzos por convencer a la población en que hay en la lucha real contra la corrupción, dentro de dicha institución. Su medida es atinada, más aún cuando el clamor popular exige cambios radicales, con el antecedente de que bastaba una llamada al presunto cabecilla de “Los cuellos blancos del puerto” para el nombramiento de jueces y fiscales. 


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