Los crímenes en Trujillo erizan la piel a más de uno. El asesinato, el 23 de junio último, de Sonia Reyna Figueroa, extrabajadora de la UNT conmocionó a la ciudad. Esos días fue muerto también Robert León Grados, un expolicía que laboraba en Paiján. Ese mes terminó con el policía Carlos Ángeles Milla, acribillado a balazos por sicarios en El Porvenir.

¿Qué tienen en común estos fatídicos hechos? Solo el triste destino del incremento de las altas tasas de criminalidad que el Estado es incapaz de resolver hasta ahora. ¿Cómo revertir la actividad criminal, especialmente homicidios, si en el despacho del Interior han desfilado seis (sí, ¡seis!) ministros antes que Pedro Castillo cumpla un año en el gobierno? El actual responsable del Mininter es Mariano González, viejo colaborador de PPK. Reemplaza al censurado por el Congreso, Dimitri Senmache. De los cinco antecesores de González, solo Avelino Guillén renunció decentemente por desacuerdo con extraños ascensos y pases al retiro realizado por el jefe de la PNP, con anuencia de Palacio.

Este paisaje de incertidumbre y caos en el ministerio del Interior es caldo de cultivo para el incremento de la tendencia en la curva de inseguridad ciudadana y muertes en las calles- o hasta en el propio domicilio- y el peor escenario para aprender, comprender y fortalecer la prevención. ¿Qué pueden hacer los mandos intermedios de un ministerio como el del Interior cuando todo su aparato logístico y humano está paralizado por inacción desde su estructura jerárquica más alta?

Este es el mejor momento para el aumento de la criminalidad y el peor para la ciudadanía. En abril del presente año, un reporte del gobierno regional de La Libertad daba cuenta que la delincuencia ocupaba en Trujillo el segundo lugar en el conjunto de indicadores de desconfianza de la población en sus instituciones (49%). El primer lugar era la corrupción (49% a nivel provincial).

Las tasas de criminalidad, especialmente homicidios, oscilaron en la región La Libertad en el periodo 2012-2017, de acuerdo al Informe Estadístico N° 6 del CEIC, un organismo del ministerio de Justicia. El año 2012 y 2013, La Libertad ocupaba el deshonesto tercer lugar con el más alto índice de muertes (15,1) por cada 100 mil habitantes. El “trofeo” lo llevó Tumbes con 21,0. El año 2014 bajó al cuarto lugar (14,0) y el 2017 disminuyó hasta el puesto 17 con 7,3. Ese año, las provincias de Virú, Ascope y Trujillo estuvieron pintadas en rojo. Y entre los distritos más sangrientos, El Porvenir y La Esperanza. Sin embargo, los estragos de la pandemia recrudecieron el drama.

De acuerdo a la data del Coresec, organismo técnico de la III región de la PNP, el año 2020, la tasa de homicidios en La Libertad fue de 7,37 (123 muertes) y el año pasado, 2021, (cifras de enero a agosto) alcanzó a 7,35 (125 asesinados).

Los expertos en seguridad como Víctor Revoredo, jefe de la división de homicidios de la PNP, consultado recientemente por un diario español, reveló que la brutalidad de los crímenes en todo el país se ha incrementado tras la crisis económica post pandemia que aceleró la informalidad. Pero también esta extrema violencia es demostración de la supremacía de bandas criminales por territorios para extorsionar, usurpar terrenos o encargarse del negocio de la prostitución, especialmente con mujeres inmigrantes colombianas, venezolanas o ecuatorianas.

El análisis de Coresec de la PNP de La Libertad, reveló que el porcentaje mayor por homicidios incluye “ajustes de cuentas”, “venganza”, “robo agravado”, “grescas y peleas callejeras”, “feminicidios”, “minería ilegal”, “violación sexual”, entre otros. Aparte del orden preventivo por reestablecer de manera urgente, falta un estudio psico-criminológico para comprender por qué la gente está descontrolada como fieras salvajes, recomienda Revoredo. ¡Vaya que si falta!