Hace unos días, para ser más precisos el 23 de junio, el Congreso dio un importante paso a favor de la lucha anticorrupción al publicar la Ley 31277, que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses (DJI) de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.

A pesar de que el proyecto contaba con dictamen favorable desde el pasado 14 de abril, luego de levantar las observaciones hechas por el Ejecutivo al proyecto inicial, el contexto electoral llevó a que la norma demore en pasar nuevamente al Pleno. Por suerte, a pesar de la polarización que reina en el país, los congresistas de diferentes bancadas le dieron luz verde a la nueva ley, llamada a convertirse en uno de los pilares de la labor de control de la Contraloría General sobre la administración pública.

El sentido de la nueva norma queda en claro desde su primer artículo, al disponer expresamente que las declaraciones juradas de intereses dejan de estar a cargo de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM -al derogar el Decreto de Urgencia 020-2019-, siendo obligatorio para todos los obligados presentarla directamente al Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses de la Contraloría General de la República, lo que garantizará una mayor autonomía e independencia en el control, fiscalización y sanción de la DJI, de conformidad con el artículo 82º de la Constitución y de los principios constitucionales de lucha contra la corrupción, transparencia y buena administración.

En este marco, la norma faculta a la CGR a controlar, revisar, publicitar, fiscalizar, prevenir, mitigar y sancionar todo lo relativo a la DJI, a partir de la información que le sea remitida por las Oficinas de Recursos Humanos y de Logística de cada entidad pública, sobre las listas de sujetos obligados a la presentación de este instrumento, lista que ha sido ampliada y precisada en el artículo 3º de la Ley 31277, incluyendo a prácticamente todos los funcionarios y servidores públicos que ejercen labores en el Estado. Ello hace una importante diferencia respecto al D.U. 020-2019, la que solo otorgaba funciones de publicidad pero sin mayor capacidad de control.

Por otro lado, la nueva ley amplía también el contenido de la DJI, de modo tal que ésta debe contener información referida no solo al declarante sino también a su cónyuge y conviviente, así como sobre las actividades que desarrollen o hayan desarrollado los obligados en el exterior. Esto permite que la identificación de presuntos conflictos de intereses sea más integral, especialmente considerando que muchas veces los actos de corrupción y de la inconducta funcional se realicen a través de terceros o del traslado de fondos fuera del país.

Un tercer avance a resaltar es que la norma obliga a presentar la DJI no solo a funcionarios o servidores que ya vienen laborando en el Estado, sino también a quienes postulan o van a ser designados en ciertos cargos relevantes para el Estado, incluyendo a todo candidato a cargo de elección popular; candidatos a miembros del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional del Justicia; candidatos a Defensor del Pueblo y Contralor General de la República; a ministros y viceministros de Estado; al Presidente y Director del Banco Central de Reserva; al jefe del RENIEC o la ONPE; al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus superintendentes; al Presidente y directores de Indecopi y de los organismos reguladores; al Superintendente Nacional de Registros Públicos y sus adjuntos; al Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y sus adjuntos; a Jueces y Fiscales de todos los niveles, incluyendo a los supernumerarios, e incluso a otros que establezca el reglamento respectivo.

De esta manera, el control de los posibles conflictos de interés no solo tendrá un carácter posterior, como viene siendo hasta ahora, sino también preventivo, lo cual es un avance central para evitar que personas que hayan incurrido o de las cuales se sospeche estén involucrados en hechos de corrupción lleguen a ejercer un cargo público con decisión sobre recursos del Estado. Este control preventivo se refuerza además en el artículo 9º de la ley, el cual faculta a la CGR para promover, en coordinación con la oficina de integridad institucional o la que haga sus veces, acciones para la prevención y mitigación de los conflictos de intereses.

Así, la nueva norma precisa que los procedimientos de revisión y fiscalización de la DJI tendrá por objeto determinar si los intereses declarados por el sujeto obligado son compatibles con el ejercicio de sus funciones, pudiendo ejercer los servicios de control y otros relacionados que correspondan para la identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales conforme a las normas vigentes aplicables. Para ejercer esta labor, se hace hincapié en la necesidad de una mayor interoperabilidad entre la CGR con las entidades públicas y privadas, a fin de tener acceso a la información o base de datos actualizadas que administre, recabe, sistematice, cree o posea cada entidad.

Como puede apreciarse, la Ley 31277 contiene disposiciones sumamente importantes dirigidas a fortalecer la labor de control de la CGR, las que se suman a las facultades que ya tiene respecto de otros instrumentos similares, como son las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR), regulada a través de la Ley 27482, en consonancia con los artículos 40º y 41º de la Constitución.

De esta manera, la norma que comentamos fortalece la labor de control de la CGR en su tenaz lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y como bien lo ha reiterado el Contralor General de la República se convierte en un instrumento más que coadyuva a fortalecer la institucionalidad democrática del país en la esperanza ciudadana del bien común y el bienestar de nuestros ciudadanos. Ese es el reto.