Un juez de Perú autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, como parte de una investigación abierta por presunto tráfico de influencias antes de asumir el cargo, según informaron este viernes medios locales y comentó el funcionario.

"Rechazo que cualquier tipo de llamada que haya tenido, con cualquier juez o autoridad, tenga un contenido irregular", declaró Arana a periodistas que le preguntaron por este caso tras participar en una actividad en la ciudad sureña de Arequipa.

Medios locales informaron que la decisión fue tomada por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley a petición de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La solicitud se hizo como parte de las pesquisas de los presuntos vínculos de Arana, antes de que fuera ministro, con el exmagistrado Walter Ríos, quien fue condenado en 2022 a 12 años de prisión en el caso conocido como 'Los Cuellos Blancos del Puerto', una presunta trama corrupta en el seno de la Judicatura peruana.

En la resolución emitida por Checkley, que no ha sido publicada por el Poder Judicial, se consideran comunicaciones de días específicos de diciembre de 2017, así como de abril y junio de 2018, detalló el diario El Comercio.

El actual ministro es investigado por la Fiscalía como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, de cohecho activo específico.

En ese sentido, se le atribuye haber contactado en abril de 2018 a Ríos, quien por entonces era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que realice un "donativo o beneficio" a un juez no identificado para que haga actuaciones a favor de una persona defendida por Arana.

Ante la solicitud del Ministerio Público, la defensa del ministro se opuso y señaló que no se trataba de actos urgentes e inaplazables, además de que hasta el momento no se ha identificado a los otros presuntos involucrados en el caso.

El Comercio indicó que otra investigada sí se allanó al levantamiento del secreto de sus comunicaciones, pero solo en las llamadas que involucran a Arana y a Ríos.

Tras escuchar a las partes, Checkley consideró que sí había urgencia en la petición fiscal, ya que se trata de información vital para determinar actos delictivos, anotó el rotativo.

Este viernes, al comentar la decisión judicial, Arana dijo que "el caso es muy sencillo" y que se trata de "una investigación preliminar que lleva más de dos años" sin haber obtenido resultados.

"La Fiscalía abre esta investigación porque, como abogado en el ejercicio libre, fui a buscar al presidente de la corte (del Callao) para quejarme en el proceso de una persona a la que no atendían", sostuvo.

El ministro añadió que "por defender el derecho de un ciudadano, a quien no se le atendía, la Fiscalía pretende criminalizar el trabajo de los abogados".

"Que hagan lo que corresponde, yo ya no voy a opinar sobre este tema", concluyó.

El programa televisivo 'Cuarto Poder' informó en diciembre pasado que Arana registra más de 180 llamadas con Ríos, realizadas entre 2011 y 2018, según información que aparece en la investigación fiscal. EFE