Toda reforma del sistema de pensiones en el Perú debe incluir a todos los ciudadanos, incorporar una pensión mínima y extender el esquema de capitalización individual con el objetivo de que sea sostenible en el tiempo y se logre otorgar pensiones razonables y seguras.    

“Es urgente que reformemos el sistema de pensiones para incluir a todos los ciudadanos. No hacer nada es peor. El envejecimiento de la población hará que cada vez tengamos más peruanos sin derecho a pensión y eso debemos corregirlo cuanto antes”, dijo la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé.

En efecto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mayor desafío a largo plazo de los sistemas previsionales a nivel mundial es proporcionar pensiones financiera y socialmente sostenibles en un contexto de envejecimiento progresivo. En el Perú, el 10% de la población es adulta mayor de 65 años y, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2070 será el 24%. Es decir, cada vez habrá un mayor número de personas en edad de jubilación frente a aquellos en edad activa. A este fenómeno se debe aunar que la esperanza de vida se está prolongando, por lo que los adultos mayores se podrían enfrentar a un periodo más prolongado de necesidad de ingresos en la vejez.

Respecto de la pensión mínima, explicó que actualmente hay una gran desigualdad que debe enmendarse porque actualmente solo los afiliados al sistema público son los beneficiarios de este compromiso social, lo que nos brinda expectativas positivas para la aplicación de una pensión universal futura.

“Lo importante es que el Estado, en su responsabilidad constitucional de respetar el derecho de todos los peruanos a la seguridad social, otorgue pensión mínima a todos los ciudadanos, sin descuidar las arcas fiscales”, expresó Prialé durante su participación en Perú Markets & Investments Summit 2024: La reforma de pensiones peruana y las perspectivas de las inversiones en el mercado global.

Actualmente, el Perú destina para pensiones el 1.17% del PBI (4.5% del gasto público), mientras que los países de la OCDE asignan el 9.2% del PBI, en promedio (21.6% de su gasto público), ubicándonos muy por debajo.

Diversos entes técnicos han realizado estimaciones de los costos de la reforma que está en debate en nuestro país. Recientemente, por ejemplo, el Consejo Fiscal proyectó que en el largo plazo el costo de la propuesta ascendería a 1.1% del PBI. Revisando dicha información y ajustándola por la reducción en el número de personas en edad de trabajar, según las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizadas en 2022, y considerando a los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) que cumplirían con las condiciones para acceder a la pensión mínima, la Asociación de AFP estima un costo fiscal de toda la reforma de 0.17% del PBI en el primer año, que se reduciría hasta 0.13% del PBI en 2064.

Al referirse al sistema de capitalización individual, la presidenta del gremio manifestó que este esquema, en el que cada afiliado es dueño de su fondo destinado para la jubilación, permite la transparencia y el fomento de ahorro personal en el largo plazo. 

Finalmente, Prialé remarcó que lo más importante como sociedad es que no dejemos a nadie fuera de una reforma del sistema de pensiones, a través del fomento del ahorro previsional, la maximización de la rentabilidad de los fondos y el aporte del sector público, con el fin supremo de que no haya pobreza durante la vejez.

“Lo más importante son los ciudadanos y toda reforma previsional debe tenerlos a ellos como el centro de la atención y de los beneficios que se les brinde. Debemos desterrar la pobreza en la vejez de todos”, concluyó.