La pandemia del 2019 desnudó nuestro sistema de salud que sigue aun precario. Ahora, el ciclón Yaku nos está dejando embarrados y con el agua hasta el cuello. Probablemente las pérdidas serán mucho mayores que el Niño del 2017. Es tal el drama por las torrentadas que arrasan todo a su paso en un fenómeno inusual en ciudades de la costa.  En esas circunstancias sale el señor Nelson Shack, contralor general a decirnos que su institución ha encontrado en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (RCC) a 845 funcionarios del Ejecutivo, regiones y municipios con 1,982 responsabilidades. De ellas 715 son penales, 206 de tipo civil y 1,061 administrativas. ¿Sabe lo que pasará señor contralor en medio de la tragedia por las inundaciones?: esos funcionarios asustados, paralizados y sin ganas de firmar documentos para acelerar obras urgentes ya no moverán un solo dedo, como es lógico. Encima propone usted la creación de un nuevo ministerio de Infraestructura para reemplazar a RCC, porque, según usted, dicho proceso ha fracasado. Tiene razón en parte, porque en los últimos seis años no fueron solucionados integralmente los desastres del 2017. Lo estamos viviendo en estos momentos. Cuáles son los argumentos para un gasto de 21 mil millones de soles - de un total de 25 mil millones asignado a todo el proceso de la RCC- sin que se haya terminado lo más urgente: manejo de cuencas, defensas ribereñas, represas, reforestación, entre otros. Sin embargo, no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro, como propone el contralor, sino de imprimir mayor eficiencia a RCC y a todo el Estado, incluida la Contraloría. Tampoco vale entumecer a los funcionarios metiéndoles miedo con informes de los OCIs, muchas veces con argumentos inconsistentes y débiles solo para ganarse los bonos por “productividad”. Hay que aprender de experiencias exitosas. En abril del 2017 se creó en el Perú la ARCC. El gobierno convocó al colombiano Everardo Murillo, un experto en dirigir procesos de reconstrucción en su país y en Sudamérica. Murillo estuvo en Trujillo en agosto de ese mismo año invitado por el Grupo Empresarial de La Libertad. La experiencia colombiana recibió apoyo del Banco Mundial y su organismo reconstructor estuvo dirigido por un directorio con autonomía financiera y jurídica. Lo integraron cuatro empresarios y cuatro ministros del sector con participación de los gobiernos regionales y un sistema de información y de actuación transparente, ético y eficaz. Los plazos de ejecución fueron de tres años de vida útil, terminación de obras al cuarto y liquidaciones totales al quinto año. Pero aquí, las crisis políticas entre el Ejecutivo y el Congreso desviaron las prioridades de RCC. Estos son los resultados. ¿La CGR debe cumplir sus funciones? Claro que sí. ¿RCC debe reorganizarse con modelos exitosos y de gobierno a gobierno? Por supuesto. No inyecte miedo, señor contralor. Acompañe desde el inicio a ejecutar obras bien hechas y en tiempo récord. El país con el lodo hasta la coronilla se lo agradecerá.