El equipo de fiscales de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo viene desarrollando actuaciones preventivas de la violencia y delitos vinculados en las acciones de construcción civil, como la extorsión, coacción, lesiones y otros.

En el 2022 se registraron 1168 casos penales por este delito y 1300 denuncias policiales, siendo el quinto de mayor incidencia en los delitos patrimoniales y el cuarto con mayores denuncias policiales en la provincia de Trujillo.

En la planificación de las actuaciones preventivas en los distritos con mayor incidencia en delitos de extorsión, se requirió a los gobiernos locales la relación de obras en construcción civil en ejecución y se realizó la constatación fiscal previa de los sectores donde se desarrollan dichas obras.

Se han articulado acciones y se convocó a  inspectores de la SUNAFIL La Libertad y la comisaría del sector, requiriéndoles procedan conforme competencias legales establecidas en  el Decreto Legislativo N°1187 que previene y sanciona la violencia en actividades de construcción civil, su Reglamento y el Protocolo de Actuación Interinstitucional conjunta en la prevención de la violencia en actividades de construcción civil aprobado por D.S. N° 020-2019-IN.

El operativo preventivo estuvo a cargo de las Fiscales Leyden Alvarado Olaya y Lessli Cabeza Jave, en la obra pública “Mejoramiento del Servicio de transitabilidad vehícular y peatonal de la Av. Gran Chimú, sector la Delicias, del distrito de Moche”; con el apoyo de personal policial se realizó control de identidad con resultado negativo para requisitorias, no se encontraron menores de edad ni armas; asimismo, el ingeniero residente de obra entrevistado por personal fiscal  señaló que no se presentaron paralizaciones u obstrucciones en el desarrollo de la obra; se encontraron 7 trabajadores de dicho gremio con carnet de trabajadores de construcción civil caducos, los cuales deben estar vigentes pues los habilita para labores en obras de construcción civil, recomendándose al responsable de la obra la exigencia de tales documentos estando a las normas vigentes  disponen la obligatoriedad del registro y que las personas condenadas por delitos graves no pueden ser miembros de juntas directivas de sindicatos en construcción civil, lo cual será puesto a conocimiento de la Gerencia Regionales de Trabajo a cargo de dicho registro de trabajadores; por su parte personal inspector de SUNAFIL encontró observaciones sobre el cumplimiento de normas socio-laborales en relación a los 30 trabajadores encontrados en la obra y faltas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, iniciando las acciones de su competencia, en este extremo se exhortó al responsable de obra al cumplimiento las normas en seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir el delito contra la libertad de trabajo por atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.