Un sector de dirigentes sindicales de organismos del Estado, entre ellos, delegados del gremio de universidades públicas tienen previsto reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo. La agenda: reclamaciones salariales postergadas desde hace más de una década. Igualmente, una delegación de rectores de universidades públicas afiliadas a la Usup hará lo propio en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Los temas girarán en torno a las afectaciones que producirán las contradicciones y vacíos del proyecto de ley de Presupuesto para el próximo año, remitido por el gobierno al Legislativo. En ese marco de ajetreos, la mitad de los 52 rectores de universidades públicas del país han anunciado públicamente que dejarán sus oficinas y saldrán a las calles el próximo martes 27 en la denominada Marcha nacional universitaria para sensibilizar a la opinión pública y, por supuesto, a ambos poderes del Estado. Cansados del ninguneo de los burócratas del Mef y del propio Minedu- del cual dependen a pesar de la tan cacareada “autonomía universitaria”- los rectores están realmente indignados. Se evidenció ese temperamento por lo menos en 17 rectores de igual número de universidades públicas quienes la semana pasada analizaron el grave recorte real de sus presupuestos durante un cónclave realizado en Trujillo por primera vez con equipos técnicos de cada universidad. Anfitriona del certamen fue la UNT. La agenda giró alrededor del proyecto de ley de presupuesto 2023, pero también de otros problemas colaterales producido por la Ley 31542 que permite el reingreso de los docentes cesantes. Las universidades no tienen ni plazas ni dinero para atender lo dispuesto por esta norma y menos ha sido considerado en el proyecto de ley del presupuesto 2023. La irritación de los rectores no es para menos. La situación de las universidades púbicas parece ser el asunto menos importante del gobierno y del Congreso. De allí el interés de los rectores de tocar sus puertas. La gota que derramó el vaso es, sin duda, el presupuesto del año que viene. El Ejecutivo, a través del Mef, ha echado mano de los recursos directamente recaudados (RDR) de las universidades y los ha convertido en ordinarios a través del DS 043-MEF, con lo cual las acogotan aún más. Aparentemente el presupuesto 2023 para todas las universidades públicas ha aumentado, pues pasa de los 118, 798 millones del 2022 a 141, 498 millones de soles, para el año 2023, una variación del 9,03%, pero les reducen a menos del 53,6% sus RDR, según estimaron los técnicos de la UNT en el evento de Trujillo. En términos globales el presupuesto 2023 de las 52 universidades públicas en el Perú prevé unos 5, 640 millones de soles; es decir, el 13% del Sector Educación que llegaría a 41, 966 millones. La exigencia de la calidad en el sistema universitario tiene un alto costo, pero el propio Estado se pone la soga al cuello con una ampulosa normatividad que, en lugar de agilizar los procesos, empeora. No solo ello. Pende sobre la cabeza de los rectores pedidos y denuncias de todo tipo desde la Contraloría, Minedu, Mef, Servir, Osce y hasta del MP, amén de sus gremios sindicales.