La pose despectiva mostrada la semana pasada por la abogada Pamela Nieves Peña, secretaria del comité electoral de la UNT, en una breve conversación con un alto funcionario de la universidad, resume su comportamiento dentro del Comité Electoral (Ceua), que no permitió la inscripción de la candidata a la decanatura en la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Teresa Ortiz Távara. “Ya están fuera”, le espetó y se retiró sonriendo. Sin embargo, el panorama electoral en la UNT no es para desplantes, menos para alegrarse. En 8 de 12 Facultades, el oficialismo a través del denominado Funt, compite por el decanato y consejo de Facultad. En 4 va como lista única; es decir, combo completo: decano y consejeros. Pero en 3 Facultades, Agropecuarias, Sociales y Derecho, sus candidatos si bien se presentan como listas independientes, sus proximidades con el poder o el cálculo político para obtenerlo, no deja ninguna duda para pensar en Maquiavelo. Y, la cereza del pastel es el caso de Educación y Ciencias de la Comunicación, donde el Ceua no permitió, bajo argucias legaloides e interesadas, sacar de carrera en la decanatura a Teresa Ortiz Távara, líderesa de un movimiento docente de gran aceptación entre docentes y estudiantes. Precisamente el movimiento estudiantil ha logrado conformar un bloque sólido a través de su agrupación Trabajando Juntos por la UNT y llevan representación en 11 de 12 Facultades, además de candidatos al Consejo y Asamblea Universitaria. Por lo que se conoce hasta ahora a través del buzz marketing (promoción de boca en boca) o por sus comentarios en redes sociales, se está configurando una fuerte opinión pública de desazón entre el electorado estudiantil. No sería extraño un nuevo batacazo, como en las elecciones del 2019, en señal de protesta porque los jóvenes saben distinguir muy bien cuando intentan engañarlos. En el tema de la Facultad de Educación la cosa es clara: el Ceua aparentemente se dividió. Los profesores Jorge Meléndez Rosales, Jony Dionicio Vereau y el alumno Klingler Rojas Valles votaron a favor de la inscripción de candidatos a decanos. Apelaron a tres principios electorales aplicados de manera democrática en universidades públicas: pluralismo, tolerancia e inclusión. Dijeron que las reglas electorales rigen para todo el proceso electoral por el principio de seguridad jurídica y no puede alterarse porque colisiona con el derecho constitucional de participación.  Bajaron el dedo los profesores Pamela Nieves Peña, Ricardo Gómez Arce, Hilda Arriaga Verástegui y Christian Cueva Castillo y la estudiante Ada Díaz González. El argumento: “legalmente” no es posible la inscripción de decanos en el marco de inscripción establecida en el artículo 55° del reglamento que “solo aplica para los órganos de gobierno”. Y eso que la Onpe dio al Comité Electoral dos alternativas porque no encontró claridad en el reglamento del colegiado. Primó, sin embargo, la arbitrariedad, que ahora el movimiento docente y estudiantil más esclarecido lo dirá en las urnas el 7, 8 y 9 de febrero.