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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 21/01/2022 - 10:06 AM

Bonificación irregular a 85 trabajadores generó perjuicio a Red de Salud Pacasmayo


Contraloría detectó que servidores estaban excluidos de la norma y/o no realizaron labores de atención por coronavirus.

La Contraloría General detectó que en la Red de Salud Pacasmayo se otorgó la bonificación extraordinaria aprobada en el marco del estado de emergencia sanitaria por la COVID-19 a personal de salud y administrativo que no correspondía y, además, el citado beneficio fue pagado en exceso. Lo hechos descritos ocasionaron un perjuicio económico a la entidad ascendente a S/ 428 418.39.

El Informe de Control Específico N.º 016-2021-2-0640-SCE advierte que los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud Pacasmayo, el jefe de la Unidad Técnico Funcional - Personal y el director ejecutivo de dicha entidad no cautelaron que la identificación de los beneficiarios se realice teniéndose en cuenta los criterios establecidos en la norma aplicable, lo que ocasionó que de marzo a diciembre de 2020 se pague dicha bonificación a 85 funcionarios y servidores públicos expresamente excluidos de las normas y/o que no realizaban labores de atención por el coronavirus.

La comisión de control también identificó que el cálculo de la bonificación extraordinaria se realizó sin considerar la proporcionalidad de los días efectivamente laborados durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020; que la bonificación extraordinaria fue pagada dos veces a 30 servidores públicos de marzo a diciembre del mismo año y que se consideró a cuatro beneficiarios (personal asistencial) que en dicho periodo se encontraban gozando de licencia con goce de haber.

El personal de salud y administrativo de la Red Salud Pacasmayo indebidamente beneficiado con la bonificación extraordinaria, no está comprendido en el Decreto de Urgencia N.º 026-2020 y sus modificatorias, puesto que no cumple con los criterios establecidos en el Decreto Supremo N.º 184-2020-EF; según se evidencia en sus contratos administrativos de servicios y otros documentos administrativos alcanzados por la entidad a la comisión de control.

En total, son diez los funcionarios y servidores públicos comprendidos en estos hechos con presunta responsabilidad civil y/o administrativa; motivo por el cual se comunicó el informe de control al titular de la entidad para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, y al procurador público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales civiles.  


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