Una presunta mafia que opera de manera externa e interna en el programa Qali Warma socava el prestigio y la transparencia que ha caracterizado al programa de alimentación escolar estrella de los últimos gobiernos de turno. Según informa Studio 96, existe documentación en la que se muestra el interés por descalificar a tres consorcios trujillanos que proveen de alimentos al programa desde hace  10 años.

Durante toda la década los consorcios: Abigail, Ondac y Doems han proveído de alimentos al programa Qali Warma adjuntando una licencia de funcionamiento con el giro de “almacenamiento, refrigeración, entrega e instalación de productos”, la única que entrega la Municipalidad Provincial de Trujillo para estos casos específicos.

Sin embargo, durante la reciente convocatoria se ha desencadenado una serie de acciones dudosas y que deberían ser investigadas por la Contraloría General de la República, debido a que cuatro de sus funcionarios: Yeny Beliza Villegas Flores, Luis Alfredo Ruíz Vergara y Julissa Ingrids Fajardo Michelín, supervisores de Plantas y Almacenes (SPA) y Coordinadora de Supervisión y Monitoreo e incluso el director ejecutivo del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, Fredy Hinojosa Angulo, de manera sospechosa, han descalificado a las empresas consorciadas.

El primer argumento esbozado es que la licencia emitida por la comuna no consigna el giro: “almacenamiento, venta y distribución de alimentos de consumo humano”. Al respecto, la subgerencia de licencias y comercialización del municipio trujillano emitió un informe legal rubricado por María Estela Aliaga Viza, donde señala que no existe el giro antes señalado y que el único que expide la comuna es con la denominación de “almacenamiento, refrigeración, entrega e instalación de productos”.

Sobre el particular, el alcalde provincial de Trujillo, José Ruíz Vega, también se pronunció: “Nosotros hemos dado la licencia correcta para el local de almacenamiento, pero el programa lo desconoce. Les pido a los funcionarios no poner en riesgo la dotación de alimentos para la población vulnerable”.

NADIE PODRÍA PROVEER

“Esto es un imposible jurídico, la Municipalidad de Trujillo no expide licencias con el giro que solicitan los nuevos funcionarios del programa. Es más, Qali Warma Lima ya se ha pronunciado en una oportunidad respecto a este tema y ha generado jurisprudencia, admitiendo que no es causal de descalificación el giro de negocio. Bajo el criterio cerrado de los administrativos nadie podría proveer alimentos al programa, porque sería descalificado por el giro de negocio”, precisa un comunicado del departamento legal de los consorcios.

Como uno de los consorcios tiene la denominación de ‘Ondac S.R.L.’ – al parecer - deducen de manera errónea que estos tienen vínculo relacionado con la venta de motocicletas. De ahí que cometen una ligereza.

Mediante una resolución emitida por la Dirección Ejecutiva, rubricada por Fredy Hinojosa Angulo descalifican al postor Ondac, argumentando que en la zonificación comercial se encuentra en la sección “motocicletas”. Al mismo tiempo acusan al consorcio descalificado de haber vulnerado el principio de transparencia y el de igualdad de trato.

En este mismo sentido, la Coordinadora de Supervisión y Monitoreo, Julissa Fajardo Michelín, en actitud dolosa involucra a los tres consorcios en la misma falta, portar una licencia de funcionamiento que corresponde a la sección de motocicletas. Lo cual no garantiza la inocuidad de los alimentos.

CONTRA LA PARED

Otra vez vuelven a patinar en sus informes técnicos y generan escándalo, desprestigio al programa y mayor gasto al Estado Peruano. La Municipalidad Provincial, a través de la subgerencia de licencias y comercialización emite un nuevo informe legal rubricado por María Estela Aliaga Viza, en el que da cuenta que el giro denominado: “almacenamiento, refrigeración, entrega e instalación de productos se encuentra dentro de la sección de Comercio, en la división: “Comercio al por mayor  y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas”.

La suspicacia de haber retirado la palabra “excepto” para acusar y descalificar a los postores es un hecho que debería investigar el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, porque el accionar premeditado de los funcionarios pone en riesgo la atención alimenticia a miles de escolares en la región La Libertad y genera mayores gastos innecesarios al Estado Peruano, al retrotraer y aplazar el proceso con el único fin – al aparecer - de pretender beneficiar a determinados postores.