Esta semana la Comisión Omonte dio a conocer su Proyecto de Ley para cambiar el Sistema Privado de Pensiones. Proponen crear un nuevo organismo público de pensiones que reciba todos los aportes de los afiliados, así como los fondos que están en las cuentas individuales ya existentes que hoy administran las AFP. 

Plantean que esta entidad estatal reciba todo el dinero de los afiliados y que, a decisión del gobierno de turno, se licite el manejo de una parte del mismo. El sistema público, ONP, hoy no tiene fondos para pagar pensiones y es financiado mensualmente con nuestros impuestos porque los fondos de los aportantes fueron gastados por los gobiernos de turno usándolos con fines políticos. 

En cambio, los afiliados a las AFP tienen sus aportes en sus cuentas individuales que no se pueden tocar, pero la Comisión Omonte ha propuesto transferirlos a una entidad del Estado sin escuchar a sus dueños.

El Proyecto de Ley también crea un “Fondo de Riesgo Compartido” (“FRC”): apelando a la solidaridad. Es una bolsa común donde una parte del aporte mensual de cada afiliado le sería quitado para financiar pensiones de otras personas. Esto se vuelve un impuesto adicional; es decir, es un castigo para los que ahorran hoy para su vejez. 

Cualquier solidaridad, con terceros debe financiarse con impuestos, de forma transparente. 

Los aportes de este FRC serán directamente administrados por el Estado. La última vez que esto sucedió en el Perú, el sistema de pensiones acabó invirtiendo en programas estatales y terminó quebrado. 

Hace meses que, ante sus consultas, la Comisión Omonte ha estado recibiendo la opinión negativa a su proyecto, no solo de las AFP, sino del BCR, la SBS y el MEF, porque lo planteado no logra que los afiliados tengan mejores pensiones ni que haya más afiliados en el sistema, además de desconocer la libre elección de los que eligieron el sistema privado y no el público, poniendo en riesgo sus fondos individuales. 

Las AFP seguimos dispuestas a trabajar con la Comisión Omonte en todo lo que signifique beneficiar a los futuros jubilados con mejores pensiones; eso excluye la posibilidad de que el Estado maneje todos los fondos previsionales y cree un impuesto encubierto a los trabajadores formales.