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Por: Redacción La Industria

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Publicada el 30/11/2020 - 08:31 PM

[Opinión] Un sector social emergente quiere llegar al poder, por Silvio Dragunsky


La pregunta que todos nos hacemos es porqué un Parlamento se animó a tomar medidas que se sabían antipopulares.

Hemos visto asombrados como en pocos días el Congreso cuestionó primero y poco después resolvió la vacancia del presidente de la República, haciendo que el titular del Parlamento asumiera el cargo vacante.

Este hecho provocó la inmediata repulsa popular y movilizaciones masivas, esencialmente juveniles, en todo el país. Las encuestas recientemente publicadas, mencionan que más de 3 millones de personas han participado de alguna manera en los cientos de actos, marchas y expresiones de repudio a la decisión del Parlamento.

Por supuesto, la presencia activa de la población en las calles, obligó a los congresistas dar marcha atrás y nombrar presidente a un representante de un partido minoritario cuya bancada votó contra la destitución.

Ahora, ya hay un gabinete de técnicos especializados en cada área, sin vinculaciones políticas conocidas, casi todos con experiencia en el sector público y con gran peso de mujeres, incluyendo la Primer Ministra y la de Defensa.

La pregunta que todos nos hacemos es porqué un Parlamento se animó a tomar medidas que se sabían antipopulares.

A mi juicio, estas decisiones reflejan el cambio social sufrido en nuestro país en las últimas décadas.  Cuando se afirma que solo el 30% de la población en edad de trabajar está registrado y cubierto por las leyes sociales, también se dice que el 70% no lo está. Que vive de actividades informales o también ilegales.

El cultivo, procesamiento y distribución de drogas, la extracción minera o forestal ilegal, sobre todo aurífera, las distintas actividades que depredan la naturaleza, el contrabando, el transporte informal, la educación fuera de toda norma de calidad, el Club de la Construcción, por ejemplo, son actividades de muy alta rentabilidad y que dan trabajo a centenares de miles de personas, sobre todo en provincias.

Tenemos que comprender que estas actividades no están originadas simplemente por acción de mafias, sino son verdaderas ramas de producción, con peso económico significativo.

Lo que hemos visto en estos días, es que la mayor parte de nuestros congresistas ahora representan políticamente a este nuevo sector social, que se ha dedicado a financiar la política para asegurar y hacer prosperas sus “negocios”.

En este caso hemos podido ver un intento de golpe de estado de los representantes de lo que podemos llamar el “Lumpen Empresariado” contra los representantes del “Establishment”, las grandes corporaciones y el sistema financiero, que han detentado el poder históricamente en el Perú.

Contra ese movimiento se alzaron los jóvenes, principalmente estudiantes, que intuyeron que esta nueva gente les iba a cerrar sus posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional y económico.

Es muy significativo que las cabezas de tres bancos grandes, encabezados por el CEO del BCP, se hayan pronunciado desde el principio, a favor de las movilizaciones. También que la primera ministra que renunció al efímero gabinete Flores Araoz, fuera Patricia Teullet, ex gerenta de la CONFIEP, quien, seguramente, ni bien percibió en que se había metido, salió apenas a alrededor de 24 horas después de haber jurado el cargo.

Si bien este intento de copamiento del poder fue desbaratado por la movilización popular, tenemos que entender que hay nuevos actores sociales en juego. Años atrás han estado contenidos en el Fujimorismo. Con la implosión de este último, se han atomizado y se expresan, sin mayor control, en diversas organizaciones políticas. Su presencia está y seguirá haciéndose notar en el futuro.

Creer que la estabilidad ya reina en la política y la economía peruana, es mucho más una aspiración que una realidad. Las elecciones próximas con toda seguridad nos volverán a recordar este pasado.

Como siempre, solo la presencia activa de la población en política y expresando su opinión podrá mantener a raya a un sector cuyo propósito es tener acceso al presupuesto público y desactivar las normativas e instituciones de control para desarrollar sus negocios ilegales, contaminantes y muchas veces, sencillamente, delincuenciales.


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