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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 02/11/2018 - 10:26 AM

[Editorial] Sanciones para los comerciantes ilegales


Las empresas agraviadas deben ganarse el pleito y denunciar a los embaucadores. Las entidades del Estado deberían asumir ese rol.

La venta de productos contaminantes para diversión y la adulteración de licores para fines igualmente comerciales son las dos caras de una misma moneda que en Trujillo y localidades cercanas se ha vuelto pan de cada día.

En ambos casos, los intervenidos deben ser denunciados por delito contra la salud pública y las autoridades no deben hacer diferenciaciones. Por ejemplo, en el caso de los productos que se venden con intensidad ahora que los niños y adolescentes festejaron Halloween, la comuna trujillana decomisó más de 600 máscaras y decenas de artículos que eran comercializados en galerías trujillanas.

Esos artículos carecían de registro sanitario. Al no tener esa autorización, es que no pasaron los controles de Digesa. No se sabe bien si los eludieron o no. Lo que podemos deducir es que se trata de mercadería de contrabando, que ha sido adquirida muy barata por los comerciantes.

Si esto es así, se ha cometido una infracción grave, pues el contrabando ocasiona pérdidas al Estado. Pero también hay responsabilidad de las autoridades que impiden que esos productos lleguen a diversos puntos de venta evadiendo los controles.

¿Vienen del sur o del norte? Muy distinto es el caso de ese tipo de productos supervisados en tiendas establecidas de la ciudad, donde esos artículos cumplen con la normativa. Es la diferencia de estar fuera y dentro de la ley.

Huelga decir que su uso puede ocasionar intoxicaciones y enfermedades dérmicas. Igual sucede con los adulteradores de licores, que en Trujillo incluso operan con toda tranquilidad. Que sepamos, ningún infractor ha sido procesado, condenado y encarcelado por vender bebidas alcohólicas ‘bamba’.

Se indica que los facinerosos compran etiquetas de los productos y las colocan a las botellas, para luego comercializarlo. Asimismo, se sabe que la marca que falsifican con mayor frecuencia es el vino Queirolo.

En este caso, las empresas agraviadas deben ganarse el pleito y denunciar a los embaucadores. Desgraciadamente, ese papel deberían desempeñarlo las entidades del Estado, desde aquellas que tienen como función velar por los derechos de los consumidores y de las empresas; hasta el sector Salud (regional o central), pasando por los gremios que agrupan a los productores de bebidas espirituosas, entre otros.

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