Lo que tenía que decirse ayer se reveló a medias: que el desfase en el número de muertos por Covid-19 en el Perú es muy al superior a la cifra que se estuvo manejando hasta hace dos días. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que la cifra en realidad alcanza a los 17 mil 455 fallecidos, pero la descompuso en dos cantidades: la del número de decesos ocurridos hasta ayer, 13 mil 767, y otras 3.688 víctimas que “se integran” a la cifra anterior. ¿Por qué mejor no decir de frente que hay los 17 mil 455 fallecidos que resultan de la suma de ambas cifras? Porque el gobierno de Martín Vizcarra prefiere ir sincerando la cifra poco a poco, atendiendo las directrices de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Esta entidad, informó Mazzetti, participó en la puesta al día de las cifras, tras un análisis de la información sobre la pandemia. No es ninguna novedad que eso ocurra. La filial panamericana de la Organización Mundial de la Salud (OMS) obedece igualmente a las directrices de esa entidad matriz, por así llamarla, que ha demostrado desde que empezó la pandemia una línea difusa, sinuosa y errática. Si los especialistas mayores en esta materia han fallado, se han demorado en reaccionar y no han sabido claramente qué hacer, ya nos podemos imaginar lo que ha sucedido.

Pagamos los platos rotos de esa cuestión los ciudadanos, que no contamos con la seguridad sanitaria de un Estado que arrastra un retraso profundo en infraestructura y capacidad de atender a los usuarios. Y, de paso, todo el sistema social que se resiente a consecuencia de la pandemia. Además, no tenemos la soberanía sanitaria y en salud que otros países, como Estados Unidos, epicentro mundial de la pandemia que, a pesar de ello, ha roto con la OMS por su encubrimiento de la pandemia desde que esta salió de un laboratorio de Wuhán. Planteémonos sin embargo que esa no es ni siquiera la cifra real.

La ministra Mazzetti ha advertido que la real de fallecidos se conocerá cuando finalice la pandemia. Es decir, en una fecha incierta. Porque no existe ninguna certeza de que este problema vaya a acabar a fin de año o bien avanzado el 2021, dos de las versiones más populares. Si, como sostienen otras versiones, hay alrededor de 40 mil muertos, esto se conocerá con información que se entregará a la ciudadanía con gotero. Lo importante no es entrar a una carrera para ver quién da más muertos.

Es que se revele cuántas personas fallecieron víctimas de la precariedad de un sistema que no estuvo a la altura. Y en esto tiene la culpa el Estado, incapaz de diseñarse a sí mismo eficiente; sino también porque ha dejado de lado una reforma del sistema de aseguramiento que no pasa por declarar la universalización de la salud. De frases declarativas y bienintencionadas está empedrado el camino al infierno, suele decirse. Así las cosas, ¿cómo puede ser posible que el gobierno reasuma el manejo y la rectoría de la salud en todo el país, como ha recomendado la Defensoría del Pueblo? Ambos niveles de gobierno han fallado y solo queda recomponer, entre todos, un escenario que no  debe caer de sorpresa en circunstancias parecidas.