Antes de que el Congreso discutiera la reconsideración de los votos sobre la eliminación de inmunidad parlamentaria, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación en el que anunció que presentará un proyecto para que los sentenciados no postulen a cargos públicos, además de plantear la eliminación de la inmunidad parlamentaria que someterá a referéndum en las elecciones generales del próximo año. Así, el Ejecutivo presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que modifica la legislación electoral, para que las personas que cuentan con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos, cuya pena sea mayor de cuatro años, no puedan postular a la presidencia de la República, a las vicepresidencias, al Congreso, al Parlamento Andino y a otros cargos de elección popular.

De esa manera, Vizcarra se adelantó a alguna otra triquiñuela que pudieran hacer los legisladores de este nuevo Congreso de la vergüenza, muchos de cuyos integrantes faltaron a su palabra y a lo prometido durante la campaña: eliminar la inmunidad parlamentaria, ateniéndose a lo dispuesto por la comisión de reforma institucional. Se trata del más agudo de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo desde que se ingresó al estado de emergencia social y sanitaria. Por casi cuatro meses, el mandatario y los directivos del nuevo Congreso se masticaron pero no se tragaron, en una puesta en escena que consistía en no repetir los enfrentamientos con el disuelto Congreso.

Ni no ni otros pretendían consolidar la idea de que están en perpetuo conflicto y de que Vizcarra hace uso de su extremo poder para torcerle el brazo al Legislativo. Pero hay cosas que son innegociables porque no solo atentan contra el proyecto político del Estado (entiéndase, no el del presidente de turno), sino contra la voluntad del pueblo que eligió a esos malos representantes. La reforma constitucional para eliminarla inmunidad parlamentaria requería 87 votos que no se consiguieron porque a los congresistas simplemente no les dio la gana de llevarla adelante. Y en esto hay, por supuesto, intereses muy importantes que esos congresistas no van a revelar ni mucho menos discutir. Por eso, someter a referéndum la reforma que plantea la eliminación de la inmunidad parlamentaria es una jugada política que deja sin aire a la actual representación, que al cierre de esta edición sigue buscando resarcirse del golpe recibido. Por supuesto, la propuesta ahora es que también se elimine el antejuicio político del mandatario, ministros, fiscales supremos y miembros del Tribunal Constitucional, Corte Suprema, de la Junta Nacional de Justicia, y de los titulares de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo.

 La propuesta le pertenece a Ricardo Burga de Acción Popular, uno de los que se abstuvo de votar por la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Podemos creer en la buena intención de este legislador o el suyo es solo un mecanismo de autodefensa tipo ‘muera Sansón y con él todos los filisteos’? Entramos a una nueva etapa de enfrentamientos cuyos resultados comenzaremos a ver hoy