El estado de emergencia ha sido violado, ninguneado y hasta minimizado con el pretexto de sobrevivir. A la sombra de este argumento fofo y poco cívico, está el mal de siempre: la informalidad en todos sus matices y que, por estos días, se subraya en las calles y, con más énfasis, en las inmediaciones de los mercados y calles conocidas, próximas a la avenida España y la avenida Los Incas.
Para esta columna, consultamos a especialistas en salud pública y consideran que dos expresiones de la informalidad, el comercio y el transporte, convergen para hacer de la vía pública foco de contagio, pero la responsabilidad los alcanza en un 50%. El otro 50% recae en quienes acuden a veredas y bermas invadidas por productos, no tan elementales y necesarios, y en quienes abordan vehículos sin antes tomar en cuenta los protocolos de salubridad. Aunque, a estas alturas, la palabra protocolos (conjunto de medidas y acciones de cumplimiento estricto) parece más decorativa que imperativa: en la informalidad, nadie los cumple y nadie se preocupa porque se cumplan y hacerlas cumplir.
Es cierto, la pandemia ha golpeado a todos los bolsillos. En conjunto, las grandes empresas, las que mueven la economía y en cierta forma influyen en las políticas económicas del país, han perdido cerca de 75 mil millones de soles, según una publicación hecha por especialistas de ESAN. Para los grandes empresarios, innovar es crucial y muchos han apelado a créditos para no quebrar o salir de la crisis.
En la informalidad no hay salvavidas, es por ello que el especialista en salud pública, José Cabrejo Paredes, ha mencionado para esta columna: “esta pandemia es una tormenta en la que navegan dos barcos: en uno navegan los que tienen, los que no padecen necesidades, y en otro están los pobres y pobres extremos”. Y desde el último barco, sin botes salvavidas, a la deriva y a punto de hundirse, hace rato que se dispararon las bengalas de la tolerancia. Por eso, ahora, con el argumento de “necesitamos trabajar para alimentar a nuestras familias”, las calles reflejan uno de los males que siempre ha resistido y muta como un virus letal: la informalidad.
La vía pública no es un espacio para trabajar (según las normas ediles); pero, pese a ello e intentando comprender las necesidades de quienes no pueden acceder a préstamos para sobrevivir a la pandemia en casa, han perdido el empleo o que desde siempre han vivido de este forma inusual e ilegal de trabajar y hacer empresa (porque la informalidad es una cadena), se podría entender que no está mal trabajar en las calles: muchas mujeres y hombres de manera gallarda resisten hasta doce horas aferrados la fe para vender sus productos; sin embargo, no se justifica que sean irresponsables, vulnerables y expongan a sus clientes al contagio seguro.
El comercio informal es un problema histórico y el dolor de cabeza de cualquier gestión edil. Con y sin pandemia, la solución siempre ha sido utopista. La diferencia del antes y ahora es que no solo está en juego el orden de la ciudad si no la salud de miles de personas. Se estima que, a la fecha, más de 5 mil vendedores ambulantes pululan por el cercado de Trujillo: libres, sin control edil ni policial. El comerciante informal, en gran medida, es el reflejo del mal peruano, quien a todo lo que hace mal y en contra del país le busca una justificación: primero yo, sin respetar a nadie.
Aunque el tema se exhibe como un problema social, tiene muchos matices antropológicos y étnicos: son los matices de una “cuarentena chicha”, como la ha calificado un conocido médico y especialista en salud pública, por la forma irresponsable, insalubre y nada cívica con que se desarrolla el Estado de Emergencia que, por estos días, parece un estado de relajo.
