La marcha que realizó un grupo de vecinos de Trujillo contra los delincuentes venezolanos es justa y legítima. A nadie le gusta ni le tranquiliza la intensa actividad delictiva de ciudadanos foráneos ni en Trujillo ni en otras localidades del país. El gran problema es que esta manifestación ha congregado a personas que, animadas por una justificada preocupación, no saben bien por qué marcharon. La movilización, promovida desde Lima por un ex candidato de APP al Congreso, era para rechazar la ampliación o prórroga migratoria dispuesta por el gobierno central. Es decir, a la iniciativa que busca dar a los extranjeros refugiados en el país mayor tiempo para que se formalicen o consigan un trabajo. Sin embargo, la marcha

también derivó en lo que se esperaba: algunas consignas xenófobas contra los venezolanos, enfrentamientos contra algunos de ellos y demandas que carecen de razonamiento y de racionalidad. Por ejemplo, expulsar a todos los venezolanos que delinquen es algo que apoyamos y apoyaremos, pero impracticable. No porque el gobierno del presidente Martín Vizcarra no esté decidido a hacerlo (de hecho, ya se creó una brigada policial para combatir el crimen cometido por foráneos), sino porque el asunto se le ha ido de las manos. 

En efecto, el aperturismo fronterizo del Perú y la política de brazos abiertos ha permitido que ingresen al país miles de delincuentes venezolanos que hoy son un dolor de cabeza por los crímenes que cometen a diario y que aparecen en los me dios de prensa. Eso ha sido producto de la mala decisión de relajar los controles migratorios antes y hacerlos rigurosos ahora. Se preveía que eso iba a suceder. Además, los reclamos de expulsar a “todos los venezolanos” no van. La mayoría de venezolanos que han venido al Perú se están ganando la vida honrada y duramente, con trabajos por lo general modestos y donde también son víctimas de explotación por parte de peruanos que los mantienen en la informalidad. Ahora bien, este fenómeno, el de la informalidad, alcanza a todos, peruanos y venezolanos.

Lo que tiene que hacer el gobierno es atender esas demandas de la población y resolver los problemas con celeridad. De nada sirve capturar a los venezolanos delincuentes si se los va a juzgar después de meses, al igual que los peruanos. Más efectivo es priorizar los procesos a los extranjeros con juicios express que terminen en condenas de cárcel, en caso de delitos graves, o de expulsión inmediata del país. Que se actúe rápido y ya.