La negligencia con la que abordaron el caso de una joven coishqueña que denunció haber sido secuestrada y ultrajada durante una semana en una vivienda de la urbanización La Caleta es increíble. Así lo hace saber la fiscal adjunta provincial Coordinadora Distrital del Protocolo de Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas, Cinthia Lucía Vidal Castillo, a través de un oficio enviado a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Miriam Lucero Tamayo.

El documento remitido el lunes último lleva como encabezado “negligencias del personal fiscal y policial respecto del diligenciamiento de denuncias de trata de personas” y en él da cuenta detalladamente de todo el procedimiento que hizo el personal policial y fiscal al tomar conocimiento de este caso.

La fiscal explica que tras conocerse la denuncia a través de los medios de prensa de la joven que afirma haber sido captada por un sujeto al que contactó por internet para un trabajo como empleada de hogar, empezó a investigar el caso pues su función es “la implementación del Protocolo de Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas en este Distrito Fiscal”, siendo una de sus obligaciones el monitoreo de casos fiscales por delito de Trata de Personas.

Sorpresas

En ese sentido, Vidal Castillo acudió al despacho de la fiscal de la Segunda Fiscalía Penal, Carmen Macuado, por la supuesta comisión de los delitos de secuestro y violación. Pero al leer la denuncia de la joven vio que presuntamente se trató del delito de trata de personas en la modalidad de trata interna, forzada (casos en los que se emplea violencia), fraudulenta (casos en los que se emplea el engaño), con finalidad de trata sexual (al haber sufrido la victima explotación por prácticas de connotación sexual.

Tras esta diligencia, la fiscal se dirigió de la Divicaj, del área de Trata de Personas, “donde encontró a la alférez Contreras, al superior Lomparte Tamara y a la suboficial Morales, quienes señalaron que, en efecto, la suboficial Morales había recibido la denuncia por la desaparición de la joven varios días atrás, la misma que al regresar a casa acudió con su madre a denunciar el hecho a la comisaría de Coishco; es decir que efectivamente existía la denuncia”. 

Sin embargo, lo que asombró a la fiscal fue que los policías consideraron que el caso no era delito de trata de personas “porque había que ver que solo la había violado una sola persona y para que fuera trata necesariamente debieron violarla más personas”, razón por la cual la comisaría derivó el caso a otra unidad y avisó a la Fiscalía Penal de Turno, mas no a la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa, “porque para ellos ese caso no era un caso de Trata de Personas”.

Asombrada por el hecho, Vidal acudió a este grupo policial para reconducir las diligencias a cuatro días de la denuncia y seguir el procedimiento, pero se dio con la sorpresa que una de las encargadas del caso, la suboficial Arteaga, le indicó que la fiscal Macuado había tomado declaración a la agraviada y solo se realizó el reconocimiento médico legal, que arrojó “lesiones recientes genitales y extra genitales”; sin embargo, no se ejecutaron más diligencias y, lo más grave, no se dejó providencia fiscal por el caso con alguna otra diligencia que pudiera ejecutar el personal policial.