Mucha polvareda ha levantado la anunciada decisión del Ministerio del Interior de crear una brigada policial dedicada a combatir los delitos perpetrados por extranjeros en el país, especialmente venezolanos. El anuncio del ministro Carlos Morán no lo especifica ni lo precisa, pero es obvio que la medida está dirigida a los ciudadanos de esa nacionalidad. Una manera tan peculiar de comunicar la iniciativa gubernamental iba a traer, por supuesto, consecuencias. La más extendida es, empero, de aprobación. Los peruanos de a pie, que temen la ferocidad con la que muchas veces actúan los delincuentes venezolanos, están de acuerdo. La mayoría de personas tienen internalizada la convicción de que los venezolanos han venido al Perú para delinquir. 

Esto no es así, como ya se ha demostrado hasta la saciedad, pero no vamos a centrarnos en esa discusión. La segunda, pensante y por tanto minoritaria, es la reacción de quienes advierten una medida populista que desprende un tufillo a xenofobia. Los delincuentes venezolanos o de cualquier nacionalidad merecen el mismo duro tratamiento que los peruanos. La prensa divulga y coloca en primeras planas y espacios preferenciales esos crímenes. No es su culpa. 

Es de la errada estrategia del gobierno del presidente Martín Vizcarra (y antes el de Pedro Pablo Kuczysnki), que instauró una política de puertas abiertas a una migración que llegó sin filtros. No se previó nunca que entre las miles de personas honestas que arribaron al país, para trabajar en modestos empleos o en la informalidad, llegarían también delincuentes que han encontrado un espacio propicio para cometer sus crímenes y vivir al margen de la ley. El Perú es un país soberano y está en su derecho de defenderse de un problema que ha incrementado los niveles de inseguridad. El error del Mininter ha sido comunicarlo. Doble error, porque si sigue fracasando en combatirla delincuencia en general, la opinión pública se lo enrostrará al gobierno y esto nos afectará a todos: un gobierno criticado es inestable, débil y desinstitucionalizado. 

Se deslegitima y eso no le conviene a nadie. Mejor será entonces que haya resultados inmediatos. No para que la PNP exhiba sus logros, que no es más importante que la gente esté segura. Pero, sobre todo, hay que redoblar los controles de los accesos a las grandes ciudades, allí donde se concentran los migrantes extranjeros, para impedir que sigan en situación irregular. Hay que deportarlos, sí. Pero también procesarlos, y eventualmente condenarlos y encarcelarlos si han cometido delitos. Lo demás es populismo y no servirá de nada si el Estado permanece de brazos cruzados frente a los ataques que recibe.