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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 15/01/2020 - 08:37 AM

[EDITORIAL] La demanda fue denegada


El veredicto del TC estaba cantado hace una semana, cuando se filtró el borrador de la ponencia del magistrado Carlos Ramos

El Tribunal Constitucional (TC) dio por zanjada la discusión acerca de si hubo una infracción a la Constitución el pasado 30 de septiembre, cuando el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. Con cuatro votos contra tres, el colegiado declaró infundada la demanda competencial que presentó el presidente de ese poder del Estado, Pedro Olaechea Álvarez Calderón. En realidad, el veredicto del TC estaba cantado hace una semana, cuando se filtró el borrador de la ponencia que ayer defendió el magistrado Carlos Ramos, lo que final mente ocurrió. Para Ramos, la disolución del Congreso estuvo dentro del marco de la Carta Magna. 

Discrepamos con ese punto de vista, pues consideramos que, si bien no hubo un golpe de estado convencional y el de Vizcarra no es un gobierno dictatorial, sí hubo una clarísima infracción constitucional. La llamada ‘denegación fáctica de confianza’, argumento que esgrimió Vizcarra para justificar su decisión, no existe en la jurisprudencia peruana. 

Sin embargo, también pisamos tierra y veíamos muy difícil y poco viable que se anulase el Decreto Supremo del Ejecutivo que determinaba la disolución del Congreso. Hay en marcha un proceso electoral congresal que se realizará el domingo de la próxima semana. Los magistrados del TC han contemplado esa situación, han cotejado sus posturas y se han decantado por una votación que, con mayoría simple (cuatro a favor, tres en contra), no le da al Ejecutivo una victoria holgada si no ajustada. 

Declarar fundada la demanda competencial de Olaechea habría significado ingresar a un limbo jurídico-institucional que colocaría al gobierno en un estatus de ilegalidad y significaría la vuelta al estado anterior. Claramente eso no quería la inmensa mayoría de peruanos. Vemos ahora una campaña proveniente de algunos sectores contra los magistrados que votaron con plena conciencia a favor de la demanda competencial. 

A Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero no se les debe estigmatizar sino respetar su voto. El odio debe detenerse. Como también debe detenerse la idea de que los Ejecutivos, el actual o los que vengan, pueden injerirse en lo que no es de su competencia. La elección de los reemplazantes de los actuales integrantes del TC quiso evitarse con una cuestión de confianza que no correspondía. Mucho menos pudo interpretarse la continuación de la sesión como una ‘denegación fáctica’ por parte del Congreso a esa cuestión de confianza. Si queremos defender la democracia e institucionalizar al país, para eso están la creatividad y las estrategias que todo gobierno debe exhibir, manejar y aplicar con mano firme.


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