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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 14/01/2020 - 08:46 AM

[EDITORIAL] Riesgo por venezolanos


Es importante que el gobierno comience a fiscalizar el ingreso de extranjeros para evitar el pase de delincuentes.

La reciente detención en el balneario de Punta Negra de 124 presuntos delincuentes, casi todos venezolanos, es el capítulo más importante de la actividad policial contra los extranjeros indeseables. Al día siguiente, ayer, agentes de serenazgo y fiscalizadores del distrito de San Borja fueron atacados por motociclistas que le arrojaron bombas molotov.

Hay heridos y efectivos con graves quemaduras. Nunca antes se había visto una agresión con tal grado de ferocidad. Algo que contribuye, desgraciadamente, a acentuar la mala fama que han adquirido los venezolanos en el Perú. Esta es una percepción difícil de erradicar del imaginario colectivo, acá y en cualquier otro país. Para contribuir a ese estado de cosas, en Trujillo, un juzgado condenó en febrero pasado a tres años de cárcel suspendida a José David Azocar Villarroel y dos cómplices suyos por robar en un supermercado. 

A los tres venezolanos se les impuso una reparación civil de 600 soles. El 31 de diciembre pasado, Azócar robó un fino reloj a una persona en un velatorio de San Isidro. Según el último informe anual sobre homicidios de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), más de 16.500personasmurieron de forma violenta en Venezuela en el 2019. Para su director Roberto Briceño, “una de las consecuencias de que tanta gente se haya marchado del país es que también lo han hecho muchos delincuentes”.

Marcelo: ¿otro proceso?

Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, Daniel Marcelo Jacinto fue suspendido ayer del cargo de alcalde provincial de Trujillo. La que debería haber sido una derrota cantada para Marce lo, debido a que rehuyó del procedimiento desde fines del año pasado, podría devenir acto irregular (no pondremos el término viciado) debido a que no se habría observado el debido proceso. Es más, se corre el riesgo de que la suspensión sea observada por el tribunal electoral y que todo acabe en un nuevo proceso que, a estas alturas, agota y harta. Entretanto, Trujillo sufre consecuencias de una acefalía de facto que se traduce en desorden institucional.


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