Keiko Fujimori tendrá una difícil jornada hoy. Será cuando el juez Víctor Zúñiga Urday evalúe, desde las 9 a.m., un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva efectuado por el equipo fiscal Lava Jato contra la lideresa de Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones que se le siguen por el Caso Odebrecht.

Se trata de una reiteración del pedido de prisión preventiva por el caso de los presuntos aportes ilegales a la campaña de Fuerza 2011. El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tiene en sus manos 140 elementos de convicción presentados por la fiscalía, mediante los cuales esta considera que se han fortalecido las imputaciones contra Fujimori.

Entre esos nuevos elementos de convicción destacan las recientes declaraciones de testigos que han reconocido que entregaron aportes económicos a la campaña. Además, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, admitió que hubo algunos actos de simulación en este caso. Una forma algo elegante de dorar la píldora, cuando en realidad parte de ese dinero fue a parar a los bolsillos de personas ligadas a su patrocinada.

Si esa plata no se bancarizó, no se declaró ante la ONPE y mucho menos se informó a la Sunat de ello, resulta obvio que fue objeto de un uso irregular. No obstante, ¿hay relevancia penal y solo se trataría de faltas administrativas? Eso depende de cuán sincera sea Fujimori, y no necesariamente basta una admisión de culpa. El juez exigirá precisiones y querrá conocer, asimismo, para qué sirvieron los aportes y de qué modo se emplearon en la campaña.

Acá hay que demostrar entonces, con puntilloso y documentado detalle, dónde fue a parar ese dinero y qué destino se le dio. De no ser así, todo podrá ser considerado por la justicia como un caso de lavado de activos.

Pero no hay solo eso. El Ministerio Público también ha incluido en su pedido los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y falsedad genérica, además de lavado de activos y organización criminal. Es una estrategia que apunta a hacer varias solicitudes (y no una sola) para que la justicia se decante por al menos una de ellas. En ese sentido, Keiko Fujimori lleva las de perder. Los aportantes, por el contrario, podrán argumentar que ellos solo cumplieron con entregar la plata sin saber qué uso se le daría posteriormente.

De modo tal que la decisión judicial solo puede tener, como ventaja para Fujimori, el antecedente de que la fiscalía no la haya acusado formalmente y en los plazos previstos. Eso permitió que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva por poco más de un año que sufrió Keiko y recuperara su libertad el 29 de noviembre, tras aceptar un hábeas corpus a su favor que presentó su hermana menor Sachie Fujimori.