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Por: Redacción La Industria

TRUJILLO

Publicada el 05/12/2019 - 11:24 AM

[OPINIÓN] La culpabilidad del alcalde, por Carlos Conde


La Fiscalía, el juez de primera instancia y los magistrados de la Sala de Apelaciones coinciden en que hubo concertación y dolo de parte de Marcelo y los otros procesados.

Imaginemos que a un alcalde se le ocurre regalar un parque. Firma un documento y se lo entrega a un privado. Pero antes de que tome posesión o lo cerque, el escándalo estalla, la ciudadanía se opone y la autoridad da marcha atrás: anula la donación. 

El delito está cometido. La autoridad no puede alegar inocencia por el hecho de que el parque sigue siendo de la comuna. Un caso real: Fujimori fue condenado por haber entregado 15 millones de dólares a Montesinos, aunque alegara que después devolvió el dinero.

Esto es lo que pasa con el alcalde Daniel Marcelo Jacinto quien, tras ser sentenciado en segunda instancia, insiste en señalar que el caso de los bloqueadores no le generó un gasto o perjuicio económico a la Municipalidad de La Esperanza. 

El mismo argumento repiten sus seguidores y hasta – increíblemente - algunos periodistas.

La Fiscalía, el juez de primera instancia y los magistrados de la Sala de Apelaciones coinciden en que hubo concertación y dolo de parte de Marcelo y los otros procesados. 

Es la única manera de entender cómo aceptaron una donación de ¡28 cajas vacías!, supuestamente los bloqueadores de celulares que iban a ser entregados al INPE. No hubo documentos formales de entrega ni constatación del contenido de las cajas. 

Se festinaron los trámites para comprarle al mismo “donante” más de 90 mil soles en accesorios para esos inhibidores. Los fallos judiciales indican que se realizaron en pocas horas lo que normalmente, en la administración edil, demora días o semanas. Por ejemplo, aprobar bases para un proceso de adjudicación.

El mismo alcalde modificó el presupuesto fiscal del año 2012 con la finalidad de llevar a cabo el proceso de adquisición y luego suscribió el contrato de compra. Algunos funcionarios aceptaron que omitieron sus funciones porque recibieron órdenes de acelerar todo. 

De modo que, haber anulado el contrato o no haber pagado, no los exime de culpa. Los abogados indican que en el delito de negociación incompatible no es necesario que el funcionario obtenga algún provecho económico o alcance la finalidad prevista; se consuma con las conductas que expresen cierto interés. 


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