Publicado: 07/03/2017
Habría existido débil defensa legal de Chavimochic
La crisis en el Pech está flor de piel, la cual ha generado una serie de duelos verbales entre la actual y anterior gestión regional, por los terrenos en litigio.
VERSUS. Cada uno de los entrevistados dieron sus versiones.

La sangre ya llega al río. La exvicepresidenta regional de La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, dejó entrever que existió una deficiente defensa de los intereses del Estado, en relación al juicio en que se encuentran enfrascados el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) y la empresa Agrícola Chicama —por 16 mil hectáreas de terreno—, y que ahora la citada corporación está sacando ventaja.


“En octubre del 2014, nos enteramos que esta empresa había inscrito (a su nombre) en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) 16 mil hectáreas que le correspondían el proyecto. Inmediatamente accionamos con un equipo altamente especializado, y el 1 de diciembre lo logramos recuperar, inscribiéndola como propiedad del Pech”, afirmó la exautoridad. A esto, añadió que al momento de solicitar el expediente, este ya no se encontraba en la Sunarp, situación por la cual debieron pedir su reconstrucción.


En tal sentido, Sánchez Minchola advirtió en su momento que cuando el predio fue expropiado a la referida empresa, se debió cancelar los asientos registrales (procedimientos administrativos, para que nadie reclame los predios y las inscriba a su nombre), cosa que no sucedió, lo cual dio carta libre a Agrícola Chicama para que solicite la referida independización.


Habría responsables

Mónica Sánchez recordó que la empresa interpuso dos hechos (que se notificaron en la nueva gestión regional): una acción contencioso administrativa y una acción de amparo, que en este momento la favorece. En tal sentido, señaló que esto “debió advertirlo la defensa del GRLL y el Pech, cosa que no ha sido así. Se debió armar un equipo técnico y legal altamente especializado que brinde soporte a la Procuraduría. Debió designarse procuradores
ad hoc”.


Por ello, dijo que habría responsabilidad de la actual gestión si se determina que no se apelaron las resoluciones en su oportunidad. “Estamos haciendo una evaluación, de ver si GRLL, a través de su procurador, ha solicitado su incorporación como parte del proceso, pues al parecer lo ha hecho el procurador de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales)”, acotó.